Tensión en la Cámara de Diputados por la negativa a convocar a fiscal general ante amenazas a una fiscal
La Cámara de Diputados enfrenta un estancamiento significativo en su intención de convocar al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, para que aclare las circunstancias en torno a una amenaza dirigida a la fiscal Patricia Sánchez, quien investiga al senador con permiso, Hernán Rivas. La hindicia principal a esta convocatoria proviene de miembros de la bancada cartista, quienes argumentan que no desean «presionar» a otro poder del Estado.
El diputado Raúl Benítez, quien ha impulsado la solicitud, expresó su disconformidad con la falta de consenso en la mesa directiva. El vicepresidente primero de la Cámara, Hugo Meza, detalló que las reservas provienen de ciertas bancadas que consideran la separación de poderes como una razón para evitar la citación. Sin embargo, Benítez subrayó que los mismos cartistas no están respetando esta institucionalidad que alegan proteger.
Este clima de incertidumbre se intensificó con el reciente encuentro entre Emiliano Rolón y el presidente Santiago Peña, quien se enfrenta a dos denuncias penales aún no atendidas. Benítez cuestionó si el presidente aprovechó la reunión para indagar sobre las acusaciones que pesan sobre su gestión, lo que podría generar conflictos de interés.
El legislador también hizo hincapié en que, aunque las reuniones de Rolón están siendo registradas oficialmente, su historial de visitas anteriores al Mburuvicha Róga sin tales registros plantea serias dudas sobre su independencia. «El fiscal general debe responder a las instituciones, no a un grupo selecto», afirmó.
Benítez advirtió que la negativa de los cartistas a permitir la convocatoria al fiscal general de la Nación busca mantenerlo dentro de una estructura de poder controlada, donde su lealtad sería exclusivamente hacia el cartismo. «Quieren que el fiscal solo responda a ellos, lo cual es inaceptable para el funcionamiento de las instituciones del Estado», criticó.
La situación actual no solo pone de relieve la manipulación política en juego, sino que también abre interrogantes sobre la independencia del sistema judicial y el papel del fiscal general en un entorno cada vez más polarizado. La Cámara de Diputados permanece dividida, con interrogantes sobre qué pasos seguirán ante la creciente presión pública por esclarecer la situación.
