Gobernadores cartistas recuperan control de Hambre Cero

El Senado restituirá la administración del programa Hambre Cero a los gobernadores cartistas de Concepción y Alto Paraná, quienes habían sido destituidos por controversias personales y políticas. La medida es impulsada por la bancada liderada por Natalicio Chase.
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El programa Hambre Cero será restituido a los gobernadores de Concepción y Alto Paraná tras la controversia

En un giro legislativo significativo, Natalicio Chase, líder de la bancada cartista en el Senado, anunció la restitución de la administración del programa Hambre Cero a los gobernadores Liz Meza y Cesar «Landy» Torres. Ambos funcionarios habían sido excluidos previamente debido a controversias en sus respectivas gestiones.

Chase informó que un análisis preliminar sugiere que se aceptará el proyecto de ley de Diputados que permitirá este cambio. Aseguró que las medidas adoptadas previamente en el Senado han tenido impacto y que la Contraloría ya se encuentra en proceso de evaluación.

César Landy Torres
César Landy Torres, gobernador de Alto Paraná.

El senador Chase también descartó la posibilidad de otorgar la administración del programa a los municipios, reafirmando que esta responsabilidad debe seguir en manos del Ejecutivo y de las gobernaciones. Según sus palabras, el Senado no tiene la facultad de estudiar posibles desvíos en la administración del programa, lo cual debe ser tarea de otras instancias.

La controversia que llevó a la exclusión de Liz Meza de la gestión del programa surgió tras la ostentación de recursos durante la celebración de los 15 años de su hija, en un contexto caracterizado por la alta pobreza en su departamento. Por su parte, César «Landy» Torres fue removido por razones más políticas, sin un debate formal en el Senado.

Fiesta de 15 años de la hija de la gobernadora Liz Meza
La fiesta de 15 años de la hija de la gobernadora Liz Meza causó controversia en Concepción.

La situación puesta de manifiesto en el Senado refleja tensiones dentro del partido, evidenciando cómo las decisiones políticas pueden influir en la administración de programas sociales vitales para la población más vulnerable.

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