El Senado rechaza disolver la Caja Parlamentaria y sigue con ajustes menores a la «jubilación VIP»
En una reciente sesión, el Senado decidió no avanzar con la liquidación de la Caja Parlamentaria, optando por aprobar, en general, un proyecto de ley que introduce modificaciones consideradas mayoresmente cosméticas a la polémica “jubilación VIP” de los legisladores. El análisis detallado del proyecto, artículo por artículo, se pospuso para la próxima semana.
El cierre del debate fue solicitado por el senador Javier Zacarías Irún (ANR, HC), quien abogó por la aprobación del proyecto que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados. A pesar de la insistencia por discutirlo en particular, se decidió que dicha revisión se llevaría a cabo en el segundo lugar del orden del día en la próxima sesión.
El proyecto ha sido catalogado como un “parche”, ya que plantea cambios mínimos sin abordar los problemas fundamentales del sistema, incluyendo años de aportes reducidos y pensiones considerablemente altas. Estas condiciones han generado críticas por constituir privilegios en comparación con el régimen de jubilaciones del ciudadano promedio.
Durante el debate, el senador Dionisio Amarilla, representante ante la Caja Parlamentaria, indicó que se propone modificar siete artículos del proyecto. En contraposición, el senador Ignacio Iramain (Ind) manifestó que la Caja Parlamentaria es inconstitucional y que su situación es financiera insostenible, sugiriendo que se necesitaría un rescate debido a un déficit proyectado de G. 134.608 millones.
Propuestas divergentes sobre la Caja Parlamentaria
La senadora Celeste Amarilla (PLRA) abogó por la liquidación total de la Caja, argumentando que simplemente ajustar el sistema solo podría otorgar tiempo adicional a un problema sin solución. A su vez, el senador Eduardo Nakayama (PLRA) expresó su apoyo a la propuesta de liquidación, subrayando que continuar con la actual ruta legislativa podría abrir «las puertas del infierno».
Yolanda Paredes (Cruzada Nacional) catalogó la Caja como un símbolo de desigualdad en Paraguay, mientras que Oscar Salomón (ANR, HC) defendió su existencia, argumentando sobre la contribución y los activos que respaldan la Caja, incluyendo propiedades valiosas. Salomón pidió mantener beneficios adicionales para las familias de los legisladores durante cinco años más.
