Controversia legal en el Senado: Fiscal concluye que expulsión de Kattya González fue ilegal
La fiscal adjunta Artemisa Marchuk Chena presentó un dictamen que impugna la pérdida de investidura de la legisladora opositora, asegurando que el proceso fue violatorio de normas vigentes y principios constitucionales.
La situación se remonta al 14 de febrero de 2024, cuando 23 senadores votaron a favor de la expulsión de Kattya González. El dictamen de Marchuk, emitido por el Ministerio Público, arrebata la justificación legal presentada por los senadores al afirmar que el reglamento para la pérdida de investidura estaba plenamente vigente en el momento de la votación.
La clave de este caso radica en la Resolución Nº 429, que fue aprobada el 20 de diciembre de 2023 y establece el procedimiento para la pérdida de investidura. Según la revisión de Marchuk, la resolución entró en vigor al día siguiente de su aprobación y nunca fue derogada o declarada inconstitucional.
Marchuk destacó que, en la misma sesión en la que se aprobó la destitución de González, algunos senadores reconocieron que la reglamentación estaba vigente. Esta afirmación se respalda en un intercambio de palabras entre el senador Eduardo Nakayama y el entonces presidente del Senado, Silvio “Beto” Ovelar.
Este análisis de la Fiscalía contradice la postura de otros miembros del Senado y de la Corte Suprema, quienes consideraron el procedimiento como legal. Para Marchuk, el principio de legalidad se ha visto vulnerado al ignorar una norma válida y vigente.
La fiscal concluyó que la resolución que expulsó a González está afectada por vicios de inconstitucionalidad. Esta decisión no solo ignoró la normativa vigente, sino que también comprometió derechos fundamentales, como el debido proceso y el derecho a la defensa, que se vieron vulnerados durante el procedimiento.
Por otro lado, la Corte Suprema, con una mayoría de seis votos en contra y tres a favor, desestimó la acción de inconstitucionalidad presentada por González, manteniendo la validez de su pérdida de investidura aprobada por el Senado. Entre los ministros que rechazaron la acción están Alberto Martínez Simón y Luis María Benítez Riera.
A pesar de que el dictamen de la Fiscalía no vincula a la Corte, este presenta una interpretación legal que ha generado un intenso debate sobre la validez del procedimiento seguido por el Senado. El conflicto entre las interpretaciones del Ministerio Público y la Corte muestra las complicaciones existentes en la aplicación de normas que rigen los procedimientos legislativos.
La controversia pone de relieve la importancia de respetar las normativas internas del Congreso y plantea serias interrogantes sobre la integridad del proceso legislativo en el país.
