Antes de 1991, Paraguay no contemplaba el divorcio, lo que sumía a miles en un estado de separación y uniones de hecho. Esta realidad cambió con la aprobación de la ley de Divorcio Vincular, un proceso marcado por la oposición de grupos conservadores y la Iglesia Católica.
La larga dictadura de Alfredo Stroessner, que duró de 1954 a 1989, dejó una notable huella en la sociedad paraguaya. Con la llegada de un nuevo Congreso electo en mayo de 1989, surgieron varias prioridades, entre ellas la creación de una ley que permitiera el divorcio. La controversia era evidente, dado que la Constitución de 1967 establecía a la Iglesia Católica como religión oficial, lo que complicaba la aceptación de una medida que contravenía sus principios.
El camino hacia la legalización del divorcio comenzó el 27 de noviembre de 1990, cuando la Cámara de Senadores aprobó la ley con 17 votos a favor y 11 en contra, impulsada por los colorados Abraham Esteche Troche y Carlos Zayas Vallejos. Sin embargo, el ambiente político era tenso debido a la oposición de diversas entidades, incluidas el Colegio de Abogados y la Asociación de Abogadas del Paraguay.
Durante el debate, el liberal Evelio Fernández Arévalos destacó que la falta de esta figura jurídica afectaba seriamente a muchos ciudadanos al negarles el derecho a rehacer sus vidas, argumentando que los actos matrimoniales civiles y religiosos pertenecen a ámbitos diferentes. El proyecto fue enviado a la Cámara de Diputados, donde no se trataría hasta agosto de 1991, en medio de protestas de grupos conservadores y religiosos.
El 20 de agosto de 1991, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto por 49 votos a favor y 14 en contra, con modificaciones sobre la tenencia de los hijos y los apellidos de las divorciadas. Las críticas de la Iglesia y otros grupos no cesaron, y se realizaron protestas que defendían la indisolubilidad del matrimonio.
La Conferencia Episcopal Paraguaya expresó su oposición, calificando la ley como un «gravísimo atentado» a las instituciones familiares. A pesar de las presiones, el Senado aprobó las modificaciones el 19 de septiembre, y el presidente Andrés Rodríguez finalmente promulgó la ley el 1 de octubre de 1991.
A partir de esa fecha, los anuncios de estudios jurídicos ofreciendo servicios de divorcio aparecieron en los diarios nacionales, marcando el inicio de una nueva era en la vida social y judicial del país. Este cambio no solo generó un nuevo campo legal, sino que también reconfiguró las dinámicas familiares y sociales de Paraguay.
