El empresario Édgar Darío Velazco González, presidente de «Credi Cifra» y «All Motors SA», denunció discrepancias en la regulación de honorarios de abogados en el Poder Judicial. Acompañado de su abogada Carolina Vázquez, Velazco planteó su queja relacionada con un juicio en el fuero civil y comercial, donde los abogados Milner y Dulce Sosa participaron en la demanda «All Motors SA c/ Albino Gustavo Jara Gomes y otros s/ cumplimiento de contrato».
El monto del juicio se fijó en US$ 1.360.962, equivalentes a G. 9.709.102.908 al momento de la denuncia el 31 de octubre de 2022. Asimismo, se dictó una medida cautelar sobre un inmueble en Recoleta, Asunción. Velazco decidió revocar el poder otorgado a los Sosa tras no estar satisfecho con su actuación, lo que llevó a un proceso de regulación de honorarios.
El juez José Guillermo Trovato Fleitas, a cargo del caso, reguló los honorarios en el Auto Interlocutorio N° 284 del 18 de abril de 2023, estableciendo un 10% para Milner Sosa y un 5% para Dulce Sosa, resultando en G. 474.394.162 y G. 237.333.135, respectivamente. Esta resolución fue apelada por el abogado Víctor Enrique Lovera Franco, argumentando que los honorarios fueron regulados de manera incorrecta.
Velazco acusó al juez de haber transgredido la ley y de haber aplicado incorrectamente los porcentajes de honorarios, comparando su caso con prácticas de «mafia de los honorarios». La apelación fue revisada por el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, que mediante el AI N° 777 del 27 de diciembre de 2023, decidió retasar provisionalmente los honorarios, con cifras inferiores a las previamente establecidas.
El tribunal, liderado por Esteban Kriskovich, también mantuvo los porcentajes del 10% y el 5%, ajustando los honorarios a G. 296.667.033 para Milner y G. 148.333.030 para Dulce. Sin embargo, el camarista Hugo Garcete planteó cifras aún más reducidas basadas en un menor porcentaje, sugiriendo un cuestionamiento sobre la correcta aplicación de la Ley N° 1.376 de regulación de honorarios.
Velazco destacó disparidades en los criterios aplicados a diferentes abogados en el mismo juicio, mencionando que la situación derivada de las incoherencias judiciales sugiere la existencia de una «mafia de los honorarios». El empresario llamó a las autoridades a investigar esta situación, indicando que la resolución puede considerarse equivalente a una «apropiación de bienes».
