La municipalidad de Asunción enfrenta un escenario complicado tras la reciente negativa al Balance 2025. El concejal Álvaro Grau, del Partido Patria Querida (PPQ), instó al intendente Luis Bello, del Partido Colorado, a remitir el expediente a la Contraloría General de la República (CGR) debido a indicaives de quiebra técnica. Mientras tanto, Bello defiende la necesidad de devolver el balance a la Junta Municipal argumentando la falta de observaciones formales que justifiquen el rechazo.
De acuerdo con la Ley Orgánica Municipal, el intendente cuenta con un plazo de 30 días para devolver el expediente, que culmina el próximo 9 de junio. Para validar el rechazo, la Junta Municipal necesita alcanzar una mayoría absoluta de dos tercios, lo que implica el apoyo de 16 concejales, superando así el número que facilitó la negativa inicial.
Grau fundamenta su urgencia en analizar el balance por parte de la CGR, citando la situación financiera precaria del municipio y los problemas generados durante la gestión del exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez. El concejal cuestiona la justificación del intendente respecto a la falta de argumentos para el rechazo al balance, señalando que ya han sido expuestos en reiteradas oportunidades.
El intendente Bello, en defensa de su posición, subrayó que el proceso administrativo estipula que la Junta debe elevar observaciones para luego responder a ellas. Insistió en que hasta el momento no ha recibido observaciones formales que fundamenten el rechazo y calificó la negativa como un “voto político”.
El plazo de 30 días mencionado en la Ley Orgánica Municipal se ha convertido en un factor crucial que podría influir en la decisión futura del intendente. La resistencia de la administración para presentar el balance ante la Contraloría ha suscitado inquietudes, pues algunos concejales oposición sugieren que el intendente podría optar por devolver el balance en un momento estratégico para desviar la atención pública.
Las cifras del balance indican problemas significativos en la ejecución de obras y el gasto desmedido en salarios, lo que intensifica las preocupaciones sobre la sostenibilidad financiera del municipio. La situación crítica en la gestión de los recursos municipales y las dudas sobre la transparencia en la administración esperan un análisis más profundo que la Contraloría podría proporcionar si el expediente es remitido oportunamente.
