Wels SA Aumenta drásticamente su Contratación Pública tras Asunción de Santiago Peña
La empresa Wels SA ha experimentado un notable incremento en sus contratos con el Estado desde la llegada de Santiago Peña a la presidencia. Según registros de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), Wels SA, que antes operaba en un perfil bajo, comenzó a destacar en el ámbito de las compras públicas en 2021. En ese año, la firma se unió al Consorcio Welsan, donde colaboró con el Sanatorio San Roque SRL, estableciendo así su primer contrato significativo.
El primer acuerdo se formalizó el 9 de abril de 2021 con la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa) por un monto de G. 3.026 millones, dedicado a la recolección y transporte de residuos patológicos. A partir de entonces, Welsan continuó asegurando diversos contratos, acumulando un total de G. 23.846 millones, todos bajo la estructura del consorcio.
No obstante, la situación dio un giro dramático tras las elecciones generales de abril de 2023. Tras la elección de Peña como presidente, Wels SA logró su primer contrato en solitario el 5 de julio de 2023, con el Instituto de Previsión Social (IPS) por un valor de G. 9.837 millones. Esta tendencia siguió en ascenso, alcanzando un total de contratos estatales que ascienden a G. 121.515 millones en los siguientes meses.
La diversificación de las operaciones de Wels SA es otra faceta crucial de su crecimiento: no solo continuó su trabajo en recolección de residuos, sino que también incursionó en paisajismo y jardinería, obteniendo contratos adicionales del IPS por G. 24.551 millones. Esto ha suscitado preocupaciones sobre posibles conflictos de interés y prácticas de colusión, especialmente dado que Peña ha sido vinculado con la firma.
Estas irregularidades en la gestión pública han llevado a que la Fiscalía asignara al fiscal Jorge Arce para investigar a Peña por denuncias de enriquecimiento ilícito. En el centro de estas acusaciones se encuentra un cuadro alarmante de deudas entre el presidente y contratistas del Estado, lo que podría implicar serias violaciones legales si se comprueba colusión entre las partes.
Las implicaciones de este caso resaltan la necesidad de un escrutinio riguroso sobre cómo se gestionan los contratos públicos y la transparencia en las relaciones entre el liderazgo político y las empresas privadas.
