El reciente incremento del Salario Mínimo Legal (SML) del 5%, anunciado por el Poder Ejecutivo y que regirá desde julio, ha generado un intenso debate entre empresarios y trabajadores. Este reajuste, que supera la inflación anual del 2,4%, tiene implicaciones no solo para los salarios, sino también para el costo de bienes y servicios en el país.
El SML pasará de G. 2.899.048 a G. 3.044.000, lo que representa un ajuste de G. 144.952. Aunque solo el 15% de los trabajadores recibe el salario mínimo, este aumento impactará indirectamente en la mayoría de los precios del mercado, generando preocupaciones en el sector empresarial.
Los jubilados y pensionados del Instituto de Previsión Social (IPS) se enfrentan a la incertidumbre respecto a sus haberes, ya que el reajuste para ellos se realiza con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) a fin de año. Por lo tanto, no recibirán el aumento del 5%, pero un ajuste del 3,1% está en efecto, correspondiente a la inflación de 2025. Esto implica que el mínimo jubilatorio aumentará de G. 956.685 a G. 1.004.520, beneficiando a alrededor de 12.000 jubilados.
En contraste, la Ley 7633/2026 de la Reforma de Caja Fiscal establece que los jubilados de esta institución sí recibirán el incremento del 5% en sus haberes, ya que sus ajustes dependen directamente del SML y no del IPC. Este beneficio será incluido en el Presupuesto General de la Nación para 2027.
La normativa también establece que los montos jubilatorios no podrán exceder el 25% del salario mínimo, es decir, un máximo de G. 761.000, buscando evitar aumentos desproporcionados en los haberes más altos.
El ajuste en el SML también traerá cambios en otros beneficios laborales, afectando horas extras, aguinaldo y bonificaciones familiares. Además, las multas de tránsito y laborales, que se calculan en función del jornal mínimo, también verán un aumento.
