El juez Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos de Quyquyhó, Osmar Legal, revocó las medidas alternativas de libertad otorgadas a cinco acusados en un caso que investiga un supuesto perjuicio patrimonial de 1.108 millones de guaraníes a la Municipalidad local. La resolución implica que la actual intendenta y otros imputados deberán cumplir arresto domiciliario con monitoreo electrónico.
El Auto Interlocutorio Nº 184/2026 se expidió en el expediente Nº 161/2018, donde se analizan delitos como enriquecimiento ilícito y lesión de confianza. Esta decisión afecta a Patricia Adriana Corvalán Gabriaguez, intendenta y esposa del diputado Esteban Samaniego, así como a la candidata a intendenta Ruth Mercedes Medina Yegros y a otros tres acusados: Andrés Alfredo Arrúa Brítez, Manuel Olazar Duarte y Carlos Aurelio Bareiro Bogarín.
Los cinco acusados deberán cumplir arresto domiciliario en sus residencias declaradas en el proceso, con controles aleatorios realizados por las comisarías de la zona. El juez también estableció que, en caso de incumplimiento, podrían modificarse nuevamente las medidas impuestas. Además, se dispuso la colocación de tobilleras electrónicas a costa de los acusados, mientras la Policía Nacional tendrá la responsabilidad del control hasta que se instalen los dispositivos.
La Oficina de Monitoreo de Dispositivos Electrónicos de Control (OMDEC) supervisará la instalación y el monitoreo de estos aparatos, siguiendo la normativa correspondiente.
La investigación se originó a raíz de un daño patrimonial registrado en 2017, período en el que Esteban Samaniego ocupaba el cargo de intendente. A pesar de su vinculación con el caso, su proceso está suspendido, ya que la Cámara de Diputados no ha analizado los cuatro pedidos de desafuero enviados por la Justicia, el primero de los cuales fue presentado el 11 de diciembre de 2023.
La acusación fue formulada por el fiscal Silvio Corbeta en diciembre de 2024, afectando a Corvalán y otras trece personas. Desde entonces, se han producido múltiples suspensiones en la audiencia preliminar debido a recusaciones y cambios de defensa, siendo la última de ellas el 3 de junio de 2026, cuando nuevos incidentes impidieron el avance del proceso.
