La inyección de excedentes a la red eléctrica en Paraguay enfrenta desafíos significativos, a pesar de que el país cuenta con tarifas eléctricas entre las más bajas a nivel global. Durante un panel titulado “Energía y construcción en Paraguay, desafíos para la sostenibilidad”, organizado por la Cámara de Empresas Constructoras de Obras Electromecánicas (Cecoel) en el marco de Constructecnia, se discutió que el interés de los inversores en energías renovables está cada vez más enfocado en el autoconsumo industrial y proyectos de gran envergadura, especialmente en regiones críticas como el Chaco.
Nicolás Foissac, consultor en transición energética y miembro de la Asociación Paraguaya de Energías Renovables (APER), destacó que la percepción de que se generará rápidamente un crecimiento en la instalación de paneles solares es errónea. Según él, los paraguayos están acostumbrados a un consumo de energía asequible y, en muchos casos, a la idea de un suministro ilimitado, lo que ha dificultado el desarrollo del sector en las últimas décadas.
Foissac subrayó que el verdadero obstáculo es, irónicamente, el costo accesible de la electricidad que regula la Administración Nacional de Electricidad (ANDE). Debido a las tarifas subsidiadas, la venta de energía excedente se torna poco viable, lo que se traduce en un menor retorno financiero para los inversores. En comparación, este consultor citó ejemplos de Europa, donde los precios de electricidad, gas y combustibles han aumentado considerablemente debido a una crisis energética, mientras que las tarifas de compra en países como Francia son incluso menores a las de Paraguay.
El consultor enfatizó que el potencial de inversión se encuentra en el autoconsumo y en las industrias con capacidad ociosa, como las azucareras, que podrían aprovechar sus recursos de biomasa para cogenerar energía y, a su vez, inyectar el excedente a la red. La oportunidad también se extiende a grandes consumidores de energía, que podrían organizarse para nutrirse directamente de plantas solares privadas.
Llevar a cabo proyectos de energía limpia requerirá significativas inversiones de capital, con costos estimados entre 750,000 y 1.3 millones de dólares por megavatio o hectárea. Este tipo de inversión obliga a los contratos a tener una duración mínima de 30 años, ya que los inversores necesitan garantizar que podrán operar sus instalaciones de forma rentable a largo plazo, incluso ante la eventual quiebra de un cliente.
Finalmente, aunque la Ley 7599 se considera un avance, plantea múltiples interrogantes en el manejo del sistema energético local, como la gestión de medidores bidireccionales y la regulación de créditos energéticos. Foissac concluyó que para que el sector de energías renovables despegue, es probable que ANDE deba aumentar sus tarifas, lo cual representa un desafío político. Mientras tanto, la recomendación para los ciudadanos es proceder con cautela, dado que el desarrollo del sector requiere una colaboración más profunda entre los sectores público y privado.
