La Justicia Electoral ha decidido admitir modificaciones en el pliego de bases y condiciones para el alquiler de máquinas de votación, tras la fallida primera convocatoria de compra. Esta flexibilización ha beneficiado al Consorcio Comitia MSA, que ahora asegura un contrato por cerca de 35 millones de dólares para el arrendamiento de 18,000 equipos destinados a las próximas elecciones internas y municipales.
Daniel Echagüe, director de Administración y Finanzas del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), declaró en una reciente entrevista que la empresa fue inicialmente descalificada debido a que no cumplía con ciertos requisitos en la primera licitación, siendo su especialidad el alquiler, no la venta. La nueva convocatoria, más laxa, ha permitido a Comitia MSA competir con éxito para el arrendamiento.
Las implicaciones de este cambio metodológico van más allá de la simple modificación de requisitos. Comitia MSA fue descartada de la primera licitación luego de una irregularidad significativa: alteraron una pantalla de prueba para obtener ventajas no contempladas. El Comité de Evaluación del TSJE documentó este incidente, subrayando la falta de sanciones a la empresa, que aún así logró un nuevo contrato.
La Dirección de Asuntos Jurídicos de la DNCP se pronunció sobre el asunto, alertando que el reemplazo de una pantalla podría haber influido en la sentencia técnica del comité evaluador. Recomendó enviar el tema al Departamento de Sumarios para investigar responsabilidades en el marco de la Ley N° 7021/2022 sobre Suministro y Compras Públicas.
Los cambios que se han realizado en el pliego son notables. Mientras que en la primera licitación se solicitaba que la máquina contara con una pantalla LCD táctil capacitiva, la modificación para el arrendamiento ha eliminado esta especificación, permitiendo el uso de pantallas de tecnología infrarroja, que, aunque ofrecen algunas ventajas como mayor resistencia, son consideradas menos precisas.
Este caso resalta preocupaciones sobre la transparencia y la integridad del proceso de licitación en el país, generando interrogantes sobre la confianza en la gestión de recursos públicos en el contexto electoral.
