La Caja Municipal de Jubilaciones enfrenta serios desafíos en su sostenibilidad
La Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones ha incorporado a 163 nuevos aportantes bajo el régimen de la Ley de la Función Pública y Servicio Civil. Sin embargo, la situación es crítica: la institución requiere al menos 6,017 nuevos socios anualmente para garantizar su sostenibilidad. A pesar de la promulgación de esta ley hace más de un año, solo 36 de los 263 municipios del país han adaptado a su funcionariado a las nuevas disposiciones.
Las estadísticas revelan que 227 municipios aún no han implementado la ley, lo que pone en peligro la capacidad de la Caja Municipal para cumplir con los pagos a sus jubilados. Entre los municipios que sí han cumplido con la normativa se encuentran Asunción, Ciudad del Este, y San Lázaro, así como otros como Tebicuarymí y Villa Curuguaty.
La situación financiera de la Caja ha sido precaria; su titular, Venancio Díaz Escobar, enfrenta críticas por la gestión deficiente que ha llevado a pagar de manera prorrateada los haberes desde diciembre de 2023. Esta condición ha generado preocupaciones serias entre los jubilados municipales, quienes apenas han recibido sus pagos correspondientes al mes de febrero y aún esperan por los de marzo.
Los jubilados y pensionados municipales no solo están ansiosos por el cumplimiento de sus haberes; también demandan una solución integral que asegure la viabilidad futura de la institución. En medio de este complejo panorama, la falta de colaboración y adaptación por parte de los municipios continúa siendo un obstáculo formidable.
La Caja Municipal, clave para la seguridad económica de muchos, se encuentra en un momento crucial que podría definir su futuro. La necesidad de adaptarse a las exigencias de la ley resulta imperativa, mientras que la presión sobre los intendentes para actúen en consecuencia se hace cada vez más apremiante.
