La posible extradición de Julian Assange a los Estados Unidos ha generado preocupación en el mundo, debido al grave precedente que esto supondría para la libertad de prensa. Los jueces británicos que decidirán sobre su destino anunciaron que darán su veredicto en las próximas semanas. Las protestas en su defensa se han intensificado en Londres, donde activistas se han manifestado en apoyo al cofundador de WikiLeaks.
Este miércoles se celebró la segunda sesión de la audiencia judicial para deliberar la extradición de Assange. A pesar de la lluvia, decenas de manifestantes se congregaron en las afueras del Real Tribunal de Justicia para exigir la liberación del activista. Dentro de la sala, se escucharon fuertes argumentos por parte de los representantes legales del gobierno estadounidense.
La abogada Claire Dobbin intentó desacreditar el argumento de la defensa de Assange sobre las motivaciones políticas detrás del proceso. El abogado del gobierno de los Estados Unidos argumentó que los actos de espionaje realizados por Assange no son políticos y que por lo tanto no están amparados por el tratado de extradición entre Reino Unido y EE.UU.
Dobbin hizo referencia a Chelsea Manning como cómplice de Assange, acusándolos de poner en riesgo la vida de colaboradores de los servicios de inteligencia de EE.UU. Los abogados del gobierno estadounidense también negaron que Assange sea considerado periodista y desmintieron la afirmación de que la CIA había planeado asesinarlo.
La decisión de extraditar a Assange a Estados Unidos fue adoptada en 2022 por la entonces ministra del Interior británica, Priti Patel. Sin embargo, se dice que la insistencia en su persecución provino del gobierno de Donald Trump. Los manifestantes, tanto en Londres como en otras partes del mundo, piden su liberación, argumentando que su condena supondría una grave amenaza para la libertad de prensa.
El caso de Julian Assange ha traspasado el ámbito meramente legal y se ha convertido en una reivindicación de la libertad de expresión a nivel mundial. Los activistas exigen que el gobierno británico y el estadounidense abandonen la persecución del activista y lo liberen. Además, su encarcelamiento ha avivado el debate sobre la exposición de crímenes de guerra de EE.UU. a través de Wikileaks y la falta de protección de este tipo de revelaciones bajo la ley actual.
