La propuesta del alcalde de Sevilla de cerrar la Plaza de España y cobrar una tasa a los visitantes provocó rechazo en el Gobierno. María Jesús Montero, ministra de Hacienda, afirmó que no permitirán la privatización ni el cobro por las visitas.
La oposición de la ministra es crucial, ya que el Estado es propietario de los edificios alrededor de la Plaza de España. Sanz propuso un acuerdo para el cierre, con un valor de acceso de tres o cuatro euros, dividido entre el ayuntamiento y el Estado.
La polémica surgió al no consultar previamente al Ejecutivo sobre la propuesta. La intención de Sanz fue criticada y tachada de «traición» por el diputado socialista. A pesar de las críticas, el alcalde insiste en seguir adelante con su plan.
La justificación de Sanz para cerrar la plaza y cobrar peajes es garantizar la seguridad y el mantenimiento del lugar. Propone convertir la Plaza de España en el motor económico de otros espacios para su conservación.
Montero cambió su postura y abogó por gestionar adecuadamente los recursos públicos para mantener los monumentos. Insistió en la necesidad de la tasa turística para financiar la conservación de los monumentos.
Expertos han expresado preocupación por el plan del alcalde, considerándolo inmaduro y con riesgo de extenderse a otros lugares. Proponen limitar el aforo diario y aplicar una tasa turística para garantizar la sostenibilidad.
A pesar de la oposición del Gobierno, algunos concejales defienden la implementación de una tasa turística. Se plantea la posibilidad de abrir un grupo de trabajo para analizar su aplicación en otros municipios.
