12 de junio de 2026 a la – 01:00
Documentos filtrados revelan irregularidades en el IPS bajo la gestión de Jorge Brítez
Una serie de documentos oficiales han expuesto un presunto encubrimiento de irregularidades en el Instituto de Previsión Social (IPS), durante la presidencia de Jorge Brítez. Según estos informes, las transmisiones por internet se interrumpieron deliberadamente mientras se aprobaban acuerdos extrajudiciales que favorecían a empresas morosas y proveedores.
Las actas secretas, a las que tuvo acceso un medio local, revelan un patrón de comportamiento en el que las decisiones se tomaban sin transparencias, impidiendo el seguimiento público de las deliberaciones. Durante este periodo, Brítez y el exdirector jurídico, José “José’i” González, llevaron a cabo una serie de negociaciones que resultaron en quitas millonarias a favor de firmas en mora.
Manipulación y acuerdos clandestinos
Uno de los casos más notorios ocurrió el 30 de julio de 2024, cuando se abordó un tratado con el Consorcio Hotelero Sudamericano SA. En esta reunión, González admitió que el acuerdo fue coordinado con el presidente de la República, Santiago Peña, tras apagar la transmisión de las sesiones.
El documento detalla cómo se garantizó políticamente el acuerdo al ser enviado directamente al asesor económico del presidente, Juan José Galeano, quien no figura en la nómina oficial del IPS. Esta situación plantea serias preguntas sobre la autonomía de la institución y su vinculación con el Gobierno Central.
Desembolsos millonarios sin transparencia
Los documentos también detallan desembolsos significativos a proveedores con antecedentes cuestionables. En octubre de 2024, se aprobó un acuerdo que implicaba un pago de G. 22.520 millones a la empresa Potî, a pesar de no contar con una base contractual sólida. Este esquema se repitió en julio de 2025, con un desembolso de G. 10.726 millones a otro proveedor.
Estos acuerdos se hicieron en sesiones donde la transmisión fue apagada, lo que ha generado un ambiente de opacidad sobre las finanzas del IPS. Las cifras involucradas evidencian un uso irresponsable de fondos públicos, en medio de crecientes críticas sobre la gestión financiera de la previsional.
Investigación de la Fiscalía
La Fiscalía ha abierto una investigación sobre González, quien enfrenta acusaciones de enriquecimiento ilícito y lesión de confianza. El fiscal Christian Benítez ha solicitado a la previsional que entregue una copia autenticada de la sesión del 30 de julio, donde se aprobó el controvertido acuerdo con el Consorcio Hotelero Sudamericano SA.
Este requerimiento subraya la necesidad de escrutar las decisiones tomadas dentro del IPS, buscando esclarecer las motivaciones detrás de estos acuerdos, que algunos consideran un trato preferencial hacia determinadas empresas.
González, quien desempeñó un papel fundamental en la aprobación de estos acuerdos, recibió G. 412 millones por honorarios tras la firma del pacto, lo que añade un nuevo elemento de controversia a este caso en desarrollo.
