Audiencia por estafa informática involucra a 28 personas en Asunción
El juez penal de garantías Miguel Ángel Palacios inició hoy una audiencia preliminar contra 28 acusados de estafa mediante sistemas informáticos, quienes habrían causado un perjuicio patrimonial de G. 272.960.000 a una firma de seguros tras la manipulación de una aplicación bancaria.
La audiencia se desarrolló en el Salón Auditorio “Serafina Dávalos” del Poder Judicial de Asunción. Debido a la gran cantidad de implicados, el juez declaró un cuarto intermedio y programó para el 16 de junio la continuación de la diligencia, momento en que se resolverán dos incidentes planteados por las partes defensivas.
Hasta ahora, solo dos de las defensas han solicitado la nulidad de la acusación presentada por la fiscal Ruth Benítez, quien pertenece a la Unidad Especializada en Delitos Informáticos y Lavado de Activos. En el contexto de esta causa, los abogados defensores también han pedido, de forma subsidiaria, la suspensión condicional del procedimiento.
La mayoría de los acusados ha admitido la comisión del delito de estafa a través de sistemas informáticos. Algunos de ellos ofrecieron restituir la totalidad del dinero recibido de las transferencias ilegales y pidieron igualmente la suspensión condicional del proceso.
Identidad de los acusados
Entre los imputados se encuentran Alfredo Javier Orué Franco (30), Fabián Alberto Giménez Otazo (57), y Zeneida Raquel Ramírez Galeano (26), entre otros. En total, forman parte de la causa 28 personas, que se enfrentarán a la justicia por su participación en este escándalo financiero.
Adicionalmente, la fiscal Benítez informó que hay otros sospechosos que actualmente se encuentran prófugos. Ellos han sido identificados como Guillermo Matías Sosa Núñez (21), Iris Clarisa Ribeiro Campuzano (20), y Clara Isabel Cabral, entre otros, y se les acusa de ser beneficiarios de transferencias que van de G. 3.000.000 a G. 30.000.000.
El origen del delito
Según la imputación, el 27 de octubre de 2024, Jorge Elizardo Irala Portillo, presidente de MSD Corredora de Seguros SA, extravió su teléfono móvil, en el que tenía instalada la aplicación del banco GNB. El hallazgo de este dispositivo permitió a un tercero acceder sin autorización a la cuenta de la empresa.
El 13 de noviembre del mismo año, Irala se enteró de que se habían realizado 38 transferencias desde su cuenta, sumando un total de G. 272.960.000. Estos movimientos no contaron con la autorización del propietario y fueron enviados a diversas cuentas de los acusados en varios bancos del país.
Otros casos en curso
Es relevante mencionar que Alfredo Javier Orué Franco enfrenta otra acusación similar. En ese caso, la fiscal Irma Llano también ha requerido juicio para él y otros 26 individuos, vinculados a un perjuicio de G. 310.000.000 a una familia y su empresa, Distribuidora JEMA SA.
En ese incidente, las víctimas solo han logrado recuperar G. 10.000.000 tras un acuerdo de conciliación con dos de los inicialmente investigados. Este entramado de estafas refuerza la necesidad de un control más riguroso sobre las transacciones digitales en el país.
