El fiscal Jorge Arce ha solicitado a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) que proporcione información sobre los movimientos tributarios y antecedentes fiscales del presidente Santiago Peña Palacios. Esta acción se desarrolla en el marco de una denuncia presentada contra el mandatario, que incluye acusaciones de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, cohecho pasivo agravado, tráfico de influencias y asociación criminal.
La petición, entregada a la DNIT, requiere informes detallados sobre el registro de Peña como contribuyente desde el 1 de enero de 2014 hasta 2026, así como sobre su presentación de declaraciones fiscales en ese periodo. Entre los documentos solicitados se encuentran las declaraciones del Impuesto a la Renta Personal (IRP) y del Impuesto al Valor Agregado (IVA), además de cualquier rectificación que se haya presentado.
Adicionalmente, el agente del Ministerio Público ha solicitado acceder a los antecedentes de Peña como socio o representante legal de empresas, así como información sobre las fiscalizaciones tributarias a las que estuvo sometido durante su vida privada. Esta solicitud se deriva de una denuncia interpuesta por ocho legisladores opositores al Partido Colorado, quienes señalan un notable incremento patrimonial del presidente durante su tiempo en funciones.
La denuncia detalla un aumento de más del 1.600% en el patrimonio de Peña, que se habría elevado de aproximadamente G. 1.351 millones en 2017 a más de G. 23.000 millones en 2023. Los legisladores también mencionan su vinculación con el Grupo Ueno y el escándalo conocido como los «sobres del poder».
El análisis de la Contraloría General de la República (CGR) ha indicado que existe «correspondencia» entre las declaraciones de ingresos y el patrimonio del presidente en diversos periodos de su carrera, aunque se han planteado dudas sobre una mansión en San Bernardino, cuya propiedad no está oficialmente registrada a su nombre, pero para la cual se conocen documentos que vinculan al mandatario con su compra.
