
La Cámara de Diputados ha decidido unirse a la campaña de concienciación del gobierno en el Día Nacional contra el Abuso y la Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes. Este movimiento surge en un contexto donde, recientemente, se postergó el debate de un proyecto de ley que busca prohibir el matrimonio de menores de 16 años. A pesar de la intención de la campaña estatal de combatir el abuso, existe una contradicción significativa, especialmente entre los diputados del partido colorado, quienes se autodenominan «provida y profamilia».
El proyecto de ley en cuestión, que modifica el artículo 17 del Código Civil, pretende eliminar la posibilidad de que menores de 16 años se unan legalmente en matrimonio. En la última sesión, el diputado cartista Yamil Esgaib abogó por enterrar la propuesta, calificada por otros miembros de su partido como innecesaria. A pesar de que se hicieron eco de esta postura, el rechazo a la iniciativa ha sido evidente entre varios de los legisladores cartistas.
Datos del Instituto Nacional de Estadísticas revelan que en 2023, más de 7,100 adolescentes mujeres, entre 15 y 17 años, estaban inmersas en matrimonios y uniones precoces, lo que destaca un problema mayúsculo no solo en las uniones legales. De estas, 6,335 estaban en estado civil de unión de hecho, mientras que 773 estaban formalmente casadas, evidenciando así un fenómeno que va más allá de lo legislativo.
El Ministerio de Salud ha respaldado la necesidad de revisar la ley, esgrimiendo que la capacidad de decisión de un adolescente no está completamente desarrollada hasta los 18 años. Resaltó que las decisiones tomadas en esta etapa de la vida podrían ser impulsivas, sugiriendo incluso la inclusión de una evaluación psiquiátrica previa al matrimonio para determinar la capacidad mental del menor en cuestión.
Por otro lado, la Corte Suprema de Justicia presenta opiniones divididas sobre la cuestión. La magistrada Viviana Benítez se ha posicionado a favor de la modificación, sugiriendo que se ajusten las leyes para alinearse con convenciones internacionales que protegen a los menores. En contraste, el juez Guillermo Trovato propone una defensa del derecho a la unión civil para adolescentes, argumentando que debe atenderse la situación existente y fortalecerse las áreas de protección familiar y social en lugar de prohibir.
La discusión sobre el matrimonio infantil sigue generando controversia, reflejando la complejidad de un tema que toca fibras sensibles en la sociedad. A medida que se aproxima la fecha límite de la postergación, los ojos están puestos en cómo los legisladores abordarán este desafío.


