La Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA) ha publicado un contundente boletín estadístico en el marco del Día Nacional contra el Abuso y la Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes, que se conmemora el próximo 31 de mayo. Este informe revela una alarmante continuidad de casos de violencia sexual y partos de niñas en Paraguay, subrayando la necesidad urgente de atención y acción estatal.
El estudio de la CDIA, realizado a partir de datos de organismos oficiales como el Ministerio Público y el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, destaca que durante el 2025 se registraron aproximadamente 3,591 partos de niñas y adolescentes, de los cuales 345 corresponden a menores de entre 10 y 14 años. Esto pone en evidencia una profunda vulneración de derechos que afecta a miles de infantes en el país.
La coordinadora también advierte sobre una «doble problemática» en la que, aunque los mayores números de partos se concentran en departamentos densamente poblados, las tasas de riesgo más altas se observan en zonas vulnerables como Amambay y Canindeyú. Este fenómeno sugiere que las condiciones socioeconómicas y la falta de acceso a justicia agravan el problema de violencia y explotación.
El informe, que abarca un periodo de cinco años, indica que se han producido un total de 23,499 nacimientos por parte de niñas y adolescentes. La tasa nacional refleja que 8.5 de cada 1,000 niñas y adolescentes de 10 a 17 años han dado a luz. La CDIA subraya que el sistema judicial y los mecanismos de atención estatal presentan importantes brechas ante esta grave situación.
Adicionalmente, durante 2025 se registraron 3,386 víctimas de abuso sexual, lo que equivale a aproximadamente nueve casos diarios. La gran mayoría de estas víctimas (82.8%) son niñas y mujeres adolescentes, lo que pone de relieve un alarmante patrón de violencia de género en el país.
La CDIA critica la insuficiencia de las medidas estatales frente a esta crisis y destaca que los programas de prevención llegan a un porcentaje muy limitado de la población afectada. Enfatizan que es vital no solo reaccionar a los abusos, sino también implementar políticas efectivas de prevención y protección. Invitan a la ciudadanía y a las autoridades a un debate serio y a compromisos concretos, reiterando que «responsabilidad es prevenir» y que se requiere un esfuerzo conjunto y sostenido para abordar estas problemáticas.
