Las controversias en torno a la administración de Santiago Peña se intensifican ante acusaciones sobre una posible colusión entre su gobierno y el proveedor Wels SA. Esta empresa, en la que Peña fue socio y codeudor, ha recibido contratos públicos por un total de 121.515 millones de guaraníes (aproximadamente 19,5 millones de dólares) desde su llegada al poder, un hecho que ha suscitado alarmas en la Fiscalía.
Wels SA, que inicialmente tuvo un desempeño discreto, comenzó a destacar tras la asunción de Peña como presidente electo en 2023. Antes de este cambio político, la compañía estaba asociada al Consorcio Welsan, un grupo que se estableció en 2021 y que logró sus primeros contratos con entidades estatales, incluyendo el Ministerio de Salud y el Instituto de Previsión Social (IPS). En 2022, continuaron consolidando su posición en el sector, asegurando contratos por servicios de recolección de residuos, lo que les permitió acumular ingresos significativos.
El crecimiento exponencial de Wels SA coincidió con una serie de adjudicaciones estatales tras la llegada de Peña al poder, incluyendo un contrato en solitario por 9.837 millones de guaraníes. Posteriormente, la empresa siguió capturando atención al diversificarse en nuevas áreas comerciales, como paisajismo y jardinería, logrando así contratos adicionales por sumas considerables.
A medida que las investigaciones avanzan, la Fiscalía ha designado al fiscal Jorge Arce para indagar en los vínculos entre el presidente Peña y Wels SA. Las acusaciones señalan que el presidente podría haber utilizado su posición para favorecer a la empresa, lo que plantea serios cuestionamientos sobre la ética en la gestión pública y el uso de recursos estatales.
A pesar de las defensas emitidas por la Contraloría, que argumentan que la condición de Peña como codeudor no lo convierte en beneficiario directo de los contratos, la evidencia contra él continúa creciendo. Abogados involucrados en el caso han señalado que los datos financieros del presidente son motivo de preocupación, sugiriendo que su nivel de endeudamiento podría no ser compatible con su salario oficial. Esto ha llevado a demandas de auditoría que podrían evidenciar prácticas irregulares en el manejo de fondos públicos.
La situación sigue en desarrollo y las implicaciones de estas acusaciones podrían tener un impacto significativo no solo en la administración actual, sino también en la confianza pública hacia la gobernanza en Paraguay.
