Un análisis de la relación entre el presidente de Paraguay, Santiago Peña, y la empresa Wels SA revela un aumento dramático en los contratos públicos que el consorcio ha logrado desde que Peña asumió cargos políticos. Los registros de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) indican que, aunque Wels SA tenía un perfil poco significativo en el sector estatal antes de la llegada de Peña, su actividad ha crecido exponencialmente.
La Fiscalía ha puesto bajo la lupa la condición de codeudor de Peña con Wels SA, interpretando este vínculo como un factor que puede haber influido en la obtención de millonarios contratos con el Estado. La primera aparición notable del consorcio, que incluye a Wels SA y el Sanatorio San Roque SRL, ocurrió el 9 de abril de 2021, cuando firmaron un contrato con la Dirección General de Salud Ambiental por un monto de G. 3.026 millones.
La situación se intensificó con la elección de Peña como presidente. Desde entonces, Wels SA ha dejado atrás su dependiente estructura y se ha adjudicado varios contratos estatales, comenzando con uno de G. 9.837 millones en julio de 2023. Este flujo de dinero público se multiplicó, alcanzando un total de G. 121.515 millones en apenas 27 meses de gestión presidencial, lo que equivale a aproximadamente US$ 19,5 millones.
Además de la recolección de residuos hospitalarios, Wels SA ha diversificado sus operaciones hacia el paisajismo mediante un nuevo consorcio, lo que incluye un contrato de G. 24.551 millones para el cuidado de jardines del Instituto de Previsión Social (IPS). Este giro ha suscitado inquietudes debido a conexiones previas de Peña con algunos de los involucrados.
La Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción ha comenzado a investigar a Peña tras una denuncia presentada por ocho legisladores por enriquecimiento ilícito y otras irregularidades. El abogado Felino Amarilla, representante de una de las denuncias, sostiene que hay indicios de colusión en el manejo de los contratos, complicando aún más el escenario legal del presidente.
Amarilla enfatiza la necesidad de auditar el flujo de dinero relacionado con Peña para determinar la legitimidad de su situación financiera, especialmente en relación a sus deudas con entidades estatales. Ante la magnitud de las acusaciones, se observa un creciente llamado a la transparencia por parte del público y los opositores al gobierno.
