La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha desestimado de manera preliminar la acción de inconstitucionalidad presentada en relación con el caso de Eugenio Sanabria Vierci, implicado en un trágico accidente ocurrido en San Bernardino en noviembre de 2024, que resultó en la muerte de cuatro personas. Esta decisión fue tomada sin examinar los detalles fundamentales del pedido realizado por los abogados de Ceveriano Jacquet, padre de una de las víctimas.
La demanda se dirigía contra la resolución de un Tribunal de Apelaciones de Cordillera, que había negado la inclusión de Jacquet como querellante adhesivo en el proceso judicial. El tribunal sustentó su fallo en el argumento de que el derecho de participación en juicios se hereda, declarándolo así exclusivo para la hija menor de la víctima, lo que ha suscitado un fuerte debate sobre la interpretación del derecho en estos casos.
La diputada Johanna Ortega, del Partido Patria Querida, ha denunciado esta situación, aludiendo a otros incidentes similares en los que se ha negado la participación de familiares de víctimas en procesos judiciales significativos. Ortega mencionó los casos de Marcelo Pecci, exfiscal asesinado, y Rodrigo Quintana, cuyo caso también refleja un patrón de exclusión familiar que, según ella, obedece a una lógica perversa en la justicia penal.
Críticas a la justicia selectiva
Ortega se mostró crítica con el sistema judicial, argumentando que la exclusión de los familiares de las víctimas no es un mero detalle técnico, sino un mensaje que indica que algunas víctimas son más incómodas que otras. Lamentó que el acceso a la justicia esté condicionado y que las familias, en particular la de Pecci, enfrenten barreras que obstaculizan su búsqueda de verdad y justicia.
En el caso de Jacquet, la diputada denunció que «un irresponsable y un borracho” está protegido por un sistema que parece favorecer a quienes ejercen poder. Ortega cuestionó la aplicabilidad de criterios legales civiles en el ámbito penal para decidir quién puede participar en un litigio en representación de las víctimas, argumentando que esto prioriza consideraciones patrimoniales sobre el derecho a la justicia.
La diputada enfatizó que lo que está en juego en el proceso judicial que afecta a la familia Jacquet trasciende el expediente: se trata de un principio fundamental: el derecho de las víctimas a participar, cuestionar y buscar la verdad. Las críticas al sistema judicial paraguayo señalan una selectividad que compromete el estado de derecho en el país.
Eugenio Sanabria Vierci, quien enfrenta cargos por homicidio culposo y exposición a peligro en el tránsito, causó la muerte de Osvaldo Jacquet, su esposa Kristin María Blumenröther y su hija de dos años, Philipe, tras un choque vehicular donde se determinó que conducía bajo los efectos del alcohol. La tragedia dejó a una hija, única sobreviviente, que ahora se encuentra en Alemania tras perder a su familia.
