Santa María en el centro de la controversia por adjudicaciones de obras públicas
El intendente de Santa María, Ramón Sanabria, se encuentra bajo la mirada crítica de la comunidad tras ser denunciado por presuntas irregularidades en la adjudicación de seis obras públicas. La denuncia fue presentada por Jorge Aquino, un ciudadano y precandidato a concejal, quien ha decidido llevar su reclamo ante la Contraloría General de la República y la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público.
Aquino argumenta que estas obras, las cuales incluyen el mantenimiento de plazas y reparaciones en instituciones educativas, han sido adjudicadas a Hugo Ruiz Obregón, un contratista que supuestamente no posee la infraestructura necesaria para ejecutar los trabajos. Aseguró que Ruiz Obregón, a pesar de aparecer registrado como constructor, únicamente ha trabajado para la Municipalidad de Santa María y no tiene contratos con otras instituciones.
El precandidato ha solicitado acceder a los informes y documentos relacionados con estas adjudicaciones, afirmando que la contratación se efectuó bajo la modalidad de excepción. Su preocupación radica en la falta de transparencia y el procedimiento de selección utilizado por la municipalidad, sugiriendo que la situación podría estar vinculada a intereses económicos irregulares.
Por su parte, el intendente Sanabria ha descalificado las acusaciones, sugiriendo que están motivadas por intereses políticos, dado que Aquino es precandidato por el movimiento Colorado Añetete. Sanabria afirmó que las adjudicaciones cumplieron con todos los requisitos establecidos por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, y destacó que cualquier empresa que no esté en conformidad con la normativa legal no podría participar en el proceso de asignación de obras.
El intendente defendió el trabajo de Ruiz Obregón, quien, según Sanabria, tiene una trayectoria comprobada en Santa María, y aseguró que las obras ya están en marcha. También recordó que las municipalidades tienen la facultad legal para realizar este tipo de contrataciones por montos que no excedan los 500 millones de guaraníes, reafirmando la legalidad de sus acciones.
Este enfrentamiento acrecienta la tensión política en la región, mientras los ciudadanos esperan claridad sobre las denuncias y un adecuado proceso de fiscalización en la ejecución de proyectos que impactan directamente en la comunidad.
