La Comisión de Lucha contra el Abigeato y Control del Tráfico de Ganado (Colcat), adscrita a la Asociación Rural del Paraguay (ARP), ha presentado recientemente una denuncia formal ante el fiscal de abigeato, Irán Suárez. Esta denuncia incluye actas relacionadas con inconsistencias detectadas en guías de traslado y marcas complementarias de ganado, lo que sugiere un posible caso de contrabando.
Este incidente ha salido a la luz tras un mes de ser reportado y está también bajo la supervisión del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa). Según el documento enviado por la ARP, los animales en cuestión estaban siendo trasladados desde Curuguaty, ubicado en el departamento de Canindeyú, hacia Boquerón, en la región del Chaco.
De los nueve camiones involucrados, cinco fueron sometidos a un «recontrol» en el puesto de control Cerrito, mientras que cuatro quedaron en el puesto Colcat de 25 de Diciembre de San Pedro, a la espera de una investigación más exhaustiva por contrabando. Las autoridades confirmaron que todos los vehículos fueron retenidos entre el 7 y el 8 de abril.
La investigación ha vinculado la propiedad del ganado a Bianca Judith Noria, quien se cree tiene lazos familiares con el senador colorado Alfonso Noria y el gobernador César “Tigre” Ramírez de Canindeyú. El fiscal Suárez ha expresado que aún se están verificando las discrepancias en los documentos de traslado.
En el marco de esta investigación, el fiscal Alexander Argüello ha señalado que se encontraron 15 animales sin la documentación adecuada en los camiones dirigidos al Chaco. Estos animales han sido incautados y quedaron bajo custodia judicial (en un establecimiento ganadero) mientras avanza el procedimiento legal. Se está solicitando información tanto a Senacsa como indagando a la propietaria sobre las marcas en el ganado, que podrían estar relacionadas con contrabando.
Las acciones del Senacsa se han visto reforzadas, ya que la institución ha recibido solicitudes de informe relacionadas con los camiones y el ganado involucrado en este caso. Se espera que estos informes ayuden a esclarecer los detalles de la propiedad y el estatus legal del ganado, mientras que la ARP ha optado por esperar datos oficiales antes de emitir una postura definitiva.
