Desde la Cámara de Representantes e Importadores de Productos Farmacéuticos, Tocador, Domisanitarios y Afines (Cripfa), se ha expresado una preocupación significativa sobre el impacto del artículo 279 del Presupuesto General de la Nación (PGN). Este artículo actualmente limita la cesión de deudas únicamente a medicamentos, excluyendo a otros proveedores que son cruciales para el sistema de salud.
Rocío Figueroa, vocera de Cripfa, indicó que esta limitación afecta no solo a los medicamentos, sino también a diversos servicios e insumos esenciales como el mantenimiento de equipos biomédicos, la infraestructura sanitaria y la tercera parte de servicios como la limpieza y el diagnóstico por imágenes. Según Figueroa, la actual redacción de la ley compromete la atención y servicios que ofrecen los proveedores de salud.
La senadora Esperanza Martínez ha respondido a esta situación al presentar un proyecto de ley que busca modificar el artículo 279. Esta iniciativa tiene como objetivo ampliar el alcance de la cesión de deudas, garantizando que todos los proveedores que colaboran con el Ministerio de Salud puedan ser incluidos. Martínez subrayó la urgencia del tratamiento de este proyecto en el Congreso, enfatizando que la celeridad en su aprobación es fundamental para asegurar la salud de los pacientes.
El proyecto de ley se encuentra actualmente en estudio en las comisiones de Hacienda y Presupuesto, así como en la de Cuentas y Control de la Administración Financiera del Estado. Con este análisis, se espera que pronto pueda ser dictaminado y llevado a consideración del pleno.
Entre los puntos claves del proyecto, se destaca que todos los costos relacionados con la cesión de deuda, como intereses y tasas, serán asumidos por el Estado y no podrán ser descontados del monto que los proveedores deben recibir. Esta medida busca proteger a los proveedores y garantizar que reciban el total de su credibilidad.
Finalmente, el proyecto también establece criterios y procedimientos claros para la cesión de derechos de cobro, asegurando que se aplicarán a obligaciones con plazos de hasta tres años. Con dicha propuesta, se espera evitar que las restricciones presupuestarias limiten el acceso a servicios y bienes esenciales para la atención sanitaria en el país.
