El abogado Rodrigo Yódice, representante legal del banco Atlas, ha afirmado que la reciente incorporación de documentos al expediente del caso modifica significativamente la situación jurídica actual. En una declaración contundente, Yódice denunció lo que considera una manipulación del sistema de justicia y una persecución penal sin fundamentos. Este cambio proviene de la confirmación por parte de la hija y la esposa de Nicolás Leoz de la existencia de acuerdos que hasta ahora no formaban parte del archivo penal.
Yódice destacó que, aunque tenían conocimiento de estos acuerdos, carecían de pruebas documentales hasta que las declaraciones recientes las hicieron accesibles. Según su explicación, la omisión de estos documentos durante el proceso legal ha sido crucial, ya que indican que la causa penal fue iniciada sobre bases que podrían considerarse ilegítimas. En este contexto, resaltó que el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, figura como firmante de los acuerdos que, según él, demuestran que la entidad fue debidamente resarcida.
Reparación total y fin del conflicto penal
Como parte de la defensa, Yódice informó que la familia de Leoz firmó acuerdos reparatorios con Conmebol por un total de 51 millones de dólares, un monto que supera el daño estimado inicialmente. Este hecho es considerado determinante desde el punto de vista legal, ya que la reparación total del daño patrimonial podría extinguir la acción penal. Ante este escenario, se planteó una incongruencia: si el daño ha sido reparado, ¿cómo podría existir un proceso por lavado de activos?
En relación a la ocultación de estos acuerdos por parte de la Conmebol durante años, Yódice sostuvo que las autoridades de la supuesta víctima ya eran conscientes desde 2020 de que no tenían derechos a continuar con la persecución penal. La denuncia fue presentada en 2021, pero el acuerdo fue omitido en todas las fases del proceso, volviéndose un punto crítico si se considera que este documento podría haber impedido el inicio de la acción penal.
La causa “queda sin sustento”, sostiene
Con la reciente incorporación de los acuerdos, la defensa del banco sostiene que el caso carece de fundamentos jurídicos. Según Yódice, la Fiscalía ahora debería solicitar el sobreseimiento definitivo, ya que la reparación del daño extingue la acción penal en casos de naturaleza patrimonial. A su juicio, la acusación se fundamentó en una información incompleta que fue intencionalmente oculta.
La solidez de la investigación y las pruebas presentadas también han sido cuestionadas. Yódice argumentó que no existen documentos que respalden las acusaciones, calificando la hipótesis del Ministerio Público como meras especulaciones. Finalmente, subrayó que el daño institucional causado por la omisión del acuerdo ha sido significativo, sugiriendo que, para la defensa, la existencia de este acuerdo pone en entredicho la validez de la acción penal y, en última instancia, sugiere que “este acuerdo fulmina la causa penal” al desvanecer su base legal.
