En un giro inesperado, la mayoría del Partido Colorado en la Cámara de Diputados aprobó un pedido de informes del diputado independiente Raúl Benítez dirigido al Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic). Este informe se centra en el presunto uso de la empresa colombiana Digimarketing SAS para financiar campañas en contra de medios de comunicación y opositores políticos, así como para promocionar al gobierno del presidente Santiago Peña.
La solicitud exige al Mitic revelar los contratos y documentos firmados con Digimarketing SAS desde 2023, detallar los montos comprometidos y si hubo algún control sobre las campañas digitales llevadas a cabo a través de plataformas como Meta y Google. Asimismo, se pide información sobre auditorías relacionadas con posibles acciones de desinformación difundidas por la mencionada empresa.
Durante el debate, el ministro de Mitic, Gustavo Villate, enfrentó duras críticas por su respuesta a las acusaciones. Villate sugirió que la firma colombiana había manejado su relación con el gobierno sin autorización. Este comentario fue calificado de «ridículo» por varios diputados, entre ellos Guillermo Rodríguez, quien cuestionó la incompetencia del Mitic, destacando que las estrategias de desinformación parecen orquestadas desde el exterior con recursos públicos.
Por su parte, el diputado Rubén Rubín arremetió contra Villate, tildándolo de «inútil» y acusándolo de permitir el uso de fondos públicos para desprestigiar a opositores. En su intervención, Rubín subrayó la gravedad de financiar ataques contra medios de comunicación con el dinero de los contribuyentes, rechazando cualquier intento de justificación por parte del gobierno.
El ambiente en la Cámara se tornó tenso, ya que algunos legisladores cartistas intentaron desviar la atención hacia acusaciones de conspiraciones de financiamiento internacional en su contra. El diputado Alejandro Aguilera sugirió que opositores podrían contar con el apoyo de «chinos del Este» para llevar a cabo campañas mediáticas en su contra. A pesar de estas críticas, varios de sus colegas defendieron la necesidad de respuestas claras a las acusaciones sobre el uso de recursos públicos.
La situación refleja una creciente preocupación sobre la transparencia en el uso de fondos estatales y el papel de las empresas contratadas para gestionar la comunicación gubernamental. La presión está ahora sobre el Mitic para demostrar su responsabilidad y honestidad respecto a estos asuntos sensibles que afectan la democracia en el país.
