Controversia en el Senado tras autorización a Hernán David Rivas para ausentarse indefinidamente
Un grupo de senadores del cartismo, junto a cinco colorados disidentes y cinco liberocartistas, ha desatado una nueva polémica al aprobar un permiso temporal para el senador cartista Hernán David Rivas, cuya legalidad ha sido cuestionada. La decisión contradice el compromiso de preservar y respetar la Constitución Nacional que estos legisladores asumieron al tomar posesión de sus cargos.
La autorización fue emitida en el contexto de un posible escándalo relacionado con un supuesto título de abogado falso que involucra a Rivas. A pesar de las críticas, un total de 23 senadores, incluidos el propio Rivas, ignoraron el artículo 199 de la Constitución, que estipula que los legisladores solo pueden aceptar cargos como ministros o diplomáticos con el respectivo permiso de la Cámara.
Aislamiento en el debate sénatorial
Durante la discusión, los senadores de la oposición y de la disidencia colorada dominaron el debate, mientras que ningún miembro del partido gobernante se presentó a defender a Rivas ante las acusaciones. La senadora cartista Lizarella Valiente hizo una intervención, pero enfocada en la defensa de su suegro, Óscar Rodríguez Kennedy, quien ha sido citado en el escándalo por supuestamente haber firmado el título cuestionado bajo presión.
La oposición intentó bloquear la aprobación del permiso; sin embargo, la falta de quorum, debido a la fuga de votos de cinco senadores colorados disidentes y cinco liberales, impidió que lograran su objetivo. Entre los disidentes que apoyaron la concesión del permiso se encontraban Alfonso Noria, Colym Soroka, Ramón Retamozo, Derlis Osorio y Carlos Núñez Agüero, este último incluso solicitó el cierre de la lista de oradores para avanzar con la votación.
Este precedente se suma a la reciente autorización de un permiso similar para el senador cartista Erico Galeano, quien cuenta con una condena por lavado de dinero y asociación criminal. La creciente percepción de impunidad genera preocupación en la ciudadanía, que ve en estas decisiones una herramienta política para proteger a los legisladores de sanciones más severas, como la pérdida de investidura.
