El Congreso de Paraguay se encuentra en medio de un intenso debate político en relación a un proyecto de ley que busca permitir a cinco expresidentes colorados ejercer funciones como senadores con voto. Esta propuesta, impulsada por miembros del cartismo, ha suscitado críticas y preocupaciones sobre su posible contradicción con la Constitución Nacional.
La Comisión de Legislación del Congreso emitió un dictamen mayoritario que respalda la aprobación del proyecto con modificaciones, mientras que un dictamen minoritario se pronunció en contra. La iniciativa tiene como finalidad “clarificar” el funcionamiento de la senaduría vitalicia, según los promotores de la norma, asegurando que no interfiera con el equilibrio del legislativo ni con los derechos políticos de otros actores.
El artículo 189 de la Constitución establece que los expresidentes elegidos democráticamente serán senadores vitalicios con voz, pero sin voto, a menos que hayan sido destituidos por juicio político. La nueva propuesta, en cambio, busca reglamentar esta disposición de manera que los expresidentes puedan participar activamente en los procesos legislativos.
De ser aprobada, esta ley beneficiaría a los expresidentes Juan Carlos Wasmosy, Nicanor Duarte Frutos, Horacio Cartes, Mario Abdo Benítez y Santiago Peña (una vez concluido su mandato). Sin embargo, excluye explícitamente a Fernando Lugo y Federico Franco, lo que ha generado mayor controversia.
El senador independiente Eduardo Nakayama se ha opuesto vehementemente a la modificación, argumentando que va en detrimento del espíritu constitucional. “La Constitución es clara al establecer que se trata de senadores vitalicios; no se puede alterar esto mediante una ley”, aseguró, advirtiendo que esta propuesta podría ser una forma de “mutilar” lo que establece la carta magna.
Por otro lado, Derlis Maidana, presidente de la Comisión de Legislación, defendió la necesidad de la reglamentación, señalando que el texto constitucional presenta ambigüedades que deben ser resueltas. Maidana argumentó que el proyecto permitirá una mayor claridad jurídica sobre la figura de la senaduría vitalicia, refiriéndose además al debate que tuvo lugar en la Convención Constituyente de 1992 sobre este tema.
