Una situación de abandono y precariedad en San Antonio ha sido denunciada por Nancy Borja, una vecina que ha estado cuidando de manera solidaria a Felisa Cardoso, una adulta mayor de 72 años, y a su hijo, Juan Bautista González, de 31, ambos con problemas de salud mental. Borja ha estado al frente de esta problemática durante casi siete años, pero actualmente siente que ya no puede gestionar la situación por su cuenta.
La salud de Felisa ha empeorado, presentando demencia senil que se ha traducido en caídas frecuentes y una creciente necesidad de atención básica. Borja, quien asume la responsabilidad de retirar medicamentos y administrar recursos limitados, manifestó su desesperación: “Ya no puedo sola” y enfatizó la urgencia de asistencia, ya que madre e hijo requieren cuidados que ella ya no puede proporcionar.
Desde hace cerca de un año, Borja ha intentado alertar a las autoridades sobre el estado de vulnerabilidad en el que se encuentran Felisa y su hijo, acusando a los familiares directos de incumplir con el deber de cuidado. A pesar de presentar su denuncia ante la Fiscalía, los resultados han sido escasos, y su caso ha sido trasladado a otra unidad sin que se hayan tomado medidas concretas hasta el momento.
Además, los ingresos que tanto Felisa como Juan reciben del Estado, que rondan el millón de guaraníes mensuales, son insuficientes para cubrir necesidades básicas como alimentos y medicamentos. Borja se ha visto obligada a “hacer malabarismos” cada mes para garantizar lo mínimo, enfrentándose a la precariedad económica de manera constante.
Aunque existen familiares definidos, Borja asegura que ellos no se han hecho responsables de la situación, a pesar de prometer ayuda en varias ocasiones. Uno de los familiares sugirió trasladarlos a otra ciudad, propuesta que fue rechazada por Felisa, quien se niega a abandonar su hogar.
Frente a este desgarrador escenario, Borja ha pedido una intervención urgente por parte de las instituciones públicas, solicitando asistencia integral o la gestión de traslado a un lugar adecuado. “Necesito ayuda. Si la familia no se va a hacer cargo, que el Estado intervenga. Ellos ya no pueden seguir viviendo solos”, concluyó. Este caso resalta la necesidad de una respuesta coordinada por parte de la Justicia y los servicios sociales para atender las necesidades de personas vulnerables.
