El presidente del Senado, Basilio “Bachi” Núñez, y el líder de la bancada cartista, Natalicio Chase, han presentado un proyecto de ley que busca ampliar las facultades del Contralor General de la República, Camilo Benítez. Esta iniciativa se enmarca en un contexto de debate sobre el control de la Contraloría y sus funciones, generando cuestionamientos sobre posibles intenciones políticas.
El proyecto propone modificar la ley de Transparencia N° 5189/2014, argumentando que la normativa actual permite que los titulares de entes públicos, que no cumplan con la obligación de divulgar información sobre remuneraciones, no sean sancionados efectivamente, a pesar de existir multas estipuladas. Se menciona que a pesar de la multa legalmente prevista—180 jornales, más de G.21 millones—, esta no se está implementando.
Las modificaciones propuestas incluyen que el incumplimiento de la normativa sirva como base para acciones judiciales, con fuerza ejecutiva según el Código Procesal Civil. Además, se autoriza a la Contraloría a firmar convenios con el Ministerio de Economía para facilitar el cobro de multas.
El proyecto de ley, que no ha avanzado en comisiones desde su presentación en mayo, ha sido derivado a varias comisiones para su estudio. Entre las afectaciones de esta medida, se estipula que la responsabilidad de informar recae sobre los titulares de organismos públicos que no cumplan con la Ley N° 5189/14.
La propuesta surge en medio de críticas de la oposición, que exige una Contraloría apartada del control del oficialismo, argumentando que actualmente el Contralor Camilo Benítez actúa como un instrumento político favorable al cartismo. Además, existe preocupación por el hecho de que ciertos municipios puedan eludir la CGR al remitir rendiciones al Tribunal de Cuentas.
Los senadores cartistas defienden su medida como un mecanismo necesario para garantizar la transparencia, mientras que la oposición sostiene que podría convertirse en un uso político para presionar a sus detractores.
