“Lo que hicimos fue seguir la ruta que nos indican las pruebas”, declaró hace pocos días el fiscal general de la Corte Penal FSN, el británico Karim A. Khan, al referirse a la decisión del más alto tribunal penal del planeta de dictar una orden de arresto contra el presidente ruso, Vladimir Putin.
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Tras un año de recopilación de nombres, fechas, lugares y testimonios, la fiscalía presentó ante la cámara preliminar de la CPI la solicitud para la orden de aprehensión, y el 17 de marzo la cámara dictó la medida.
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A partir de esa fecha, Putin y su comisaria para la defensa de los derechos de los niños, Maria Lvova-Belova, también cobijada por la orden de arresto, deben evitar viajar a 123 países que reconocen la jurisdicción de la Corte. Allí podrían ser detenidos y puestos a disposición del tribunal con sede en La Haya, para ser procesados por crímenes de guerra por la deportación y “la transferencia ilegal” de menores de edad ucranianos a territorio ruso.
Es un verdadero punto de inflexión en la política penal internacional.
“Es una decisión histórica”, aseguró el despacho del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. “No tiene valor jurídico alguno”, reaccionó el Kremlin. “Creo que está justificada”, opinó sobre la medida el presidente de Estados Unidos, Joe Biden.
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Ni Rusia ni Estados Unidos reconocen la jurisdicción de la CPI, pero aun así la orden tiene un enorme peso judicial y político. Aunque no es la primera vez que el tribunal enfila sus baterías contra un jefe de Estado –en el pasado fueron acusados el líder libio Muamar Gadafi y el presidente marfileño Laurent Gbagbo–, nunca antes una orden de captura del tribunal había cobijado al presidente de un país miembro permanente del consejo de seguridad de la ONU.
“Es un verdadero punto de inflexión en la política penal internacional”, estimó la abogada Sandrine de Sena, profesora e investigadora en la universidad de Paris-Pantheon-Assas. “En el pasado, la tendencia era concentrarse en los ejecutores de los crímenes, y en este caso van tras el más alto responsable”, agregó la experta al diario francés 20 Minutes. “La medida –concluyó– aísla a Putin en la escena internacional”.
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Vladimir Putin, Muamar Gadafi y Omar al-Bashir, presidentes con orden de detención de la CPI
Niños desaparecidos
La CPI rara vez divulga las órdenes de arresto que dicta. Prefiere mantenerlas bajo reserva para evitar alertar a los procesados. En este caso, “los jueces decidieron hacer público el mandato para prevenir nuevos crímenes”, explicó Piotr Hofmanski, el respetado jurista polaco que preside la CPI.
Si bien son públicas las órdenes de arresto contra Putin y la comisaria Lvova-Belova, la CPI mantiene bajo reserva el contenido y las pruebas de la investigación. “Ese contenido es secreto para proteger a las víctimas”, aseguró Hofmanski al anunciar la medida.
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Secreto y copioso, según varias fuentes que lo conocen. La CPI ha contado con grandes recursos: desde el inicio de la invasión, la Unión Europea aportó al tribunal 10 millones de euros para financiar las indagaciones sobre eventuales crímenes de guerra.
A pesar de la reserva, un documento de análisis del caso en manos de juristas franceses, un memorando que ha circulado en las cancillerías de la Unión Europea e informes de grupos de derechos humanos que han colaborado con el tribunal, le han permitido a EL TIEMPO reunir información sobre el alcance y algunas pruebas de la acusación.
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Las denuncias iniciales surgieron del Gobierno de Ucrania y de varias ONG de ese país, de Rusia, y de Europa y Estados Unidos. El gobierno de Zelenski cuenta con detallada información sobre la deportación a territorio ruso de 16.000 menores de edad, desde zonas ocupadas por las tropas invasoras. Pero el defensor del pueblo de Ucrania, Dimitro Lubinets, cree que la cifra puede ser mucho más alta, y llegar hasta los 150.000.
Menores regresan a Ucrania tras haber sido deportados a territorio ruso.
Huérfanos
Antes de la invasión, muchos de esos niños estaban internados en centros de acogida: unos eran huérfanos, otros habían sido abandonados y otros más estaban allí porque las autoridades habían suspendido la custodia de sus padres. Hay cientos de casos de discapacitados en tratamiento en esos centros, que también fueron llevados a Rusia y de cuya suerte nada se sabe. Al principio de la guerra, cuando las tropas de Putin ocuparon vastas zonas del norte, el este y el sureste de Ucrania, miles de menores internados en estos centros fueron deportados por los invasores hacia Rusia, con la excusa de protegerlos de los combates.
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Una vez que las tropas rusas se vieron obligadas a retroceder y Ucrania recuperó casi todo el territorio que había sido invadido en el norte, así como una parte del este y el sureste, la gran mayoría de los niños transferidos de esas zonas nunca regresó.
En cuanto a las zonas del este y el sureste de Ucrania que siguen en poder de los rusos, hay informes sobre masivas deportaciones. Pero en esas zonas, donde el Gobierno de Kiev carece de representante, resulta mucho más complicado establecer y comprobar cifras.
Los fiscales de la CPI han reunido cientos de testimonios de autoridades, padres de familia, soldados rusos capturados que testimonian las deportaciones, así como de fuentes confiables en la zona invadida y en territorio ruso. También está lo que cuentan los pocos cientos de niños que han regresado a Ucrania. Las devoluciones no superan la cifra de 300, menos del 2 % de los 16.000 deportados censados por Kiev, y apenas un 2 por mil de la cifra de transferidos que refiere el defensor del pueblo Lubinets.
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La prueba reina
Pero quizás las pruebas más sólidas en contra de Putin y de su comisaria de menores hayan sido aportadas por el propio Kremlin. El Gobierno ruso cuenta con un programa público de adopciones, con una página web muy activa, y de fácil consulta y operación. Se llama usynovite.ru, algo así como “adopte.ru” que, según las denuncias, ha sido utilizada cientos de veces para que niños ucranianos deportados sean adoptados por familias rusas.
Quien desee adoptar puede consultar en esa web la fotografía del menor, su edad, peso, estatura y grupo sanguíneo, y varios rasgos físicos como el color del pelo y los ojos. En la base de datos de niños candidatos a adopción, la web cuenta con cientos de menores de las zonas de Ucrania invadidas por las tropas rusas, desde Crimea –ocupada en 2014– hasta las regiones tomadas el año pasado en Zaporiyia, Jerson, Lugansk y Donetsk.
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“En los registros examinados por la CPI aparecen personas en Rusia que han adoptado hasta una decena de niños, y esto ha llevado a pensar lo peor, pues en medio de la crisis de la economía rusa, una de las explicaciones para estas adopciones masivas por parte de una misma familia es que puede tratarse de tráfico, abuso y prostitución de menores”, dice uno de los documentos consultados por EL TIEMPO.
En los registros examinados por la CPI aparecen personas en Rusia que han adoptado hasta una decena de niños, y esto ha llevado a pensar lo peor.
La Yale School of Public Health, de Estados Unidos, divulgó en febrero un completo informe sobre cerca de medio centenar de centros de ‘reeducación’ y ‘rusificación’, tanto en territorios invadidos por las tropas rusas como en regiones de Rusia tan alejadas como Siberia. Sus indagaciones le permitieron concluir que unos 6.000 menores ucranianos han sido llevados a estos centros, donde les cambian su nombre, los convierten en ciudadanos rusos, en algunos casos los entrenan militarmente y, en muchos otros, los entregan en adopción.
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La prueba que vincula a Putin y a la comisaria Lvova-Belova con todo esta operación criminal la produjo el propio Kremlin: está contenida en el video de una reunión que ambos sostuvieron hace un año, poco después de iniciada la invasión, en el despacho del presidente ruso, y que fue divulgado por la oficina del mandatario.
Durante el encuentro, la comisaria le pide a quien llama su “superior directo” que la ayude a resolver una situación que obstaculizaba las adopciones de los niños de las zonas ocupadas. Como eran de nacionalidad ucraniana, la ley de Rusia no permitía su adopción por familias rusas. A los pocos días, Putin llevó a la duma (Parlamento) un proyecto de ley para otorgarles a esos menores la nacionalidad rusa de manera expedita, y la duma lo aprobó.
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Organizaciones contabilizan más de 16.200 menores llevados a Rusia en medio del conflicto.
“La entrevista entre Vladimir Putin y Maria Lvova-Belova, publicada en la web oficial del Kremlin, y los decretos-ley que la siguieron, atestiguan, ante la justicia internacional, la intención y el papel de los dirigentes de la Federación Rusa en la organización de la mayor operación de secuestro y adopción forzada desde la Segunda Guerra Mundial”, dice una carta pública, divulgada en el diario Le Monde de París, y firmada por decenas de abogados, intelectuales, artistas y defensores de derechos humanos.
Este video, las normas aprobadas por la duma, los testimonios y registros en poder de Kiev y de varias ONG, y cientos de documentos probatorios más, consolidan el caso contra Putin y su comisaria, y permite acusarlos. Como recordó hace pocos días la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula van der Leyen, “la deportación de niños es un crimen de guerra”.
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Que exista una prueba reina tan contundente contra Putin, no garantiza que vaya a ser capturado y juzgado. Eso dependerá mucho más del resultado final de la guerra. Entre tanto, es fácil suponer que el presidente ruso evitará viajar a los 123 países que aceptan la jurisdicción de la CPI. No le queda difícil a alguien que poco sale de Rusia y que suele permanecer refugiado en sus oficinas del Kremlin. Pero en cualquier caso, la acusación del tribunal lo deja, desde ya, inscrito en los libros de historia como un criminal de guerra.
MAURICIO VARGAS LINARES
PARA EL TIEMPO
mvargaslina@hotmail.com
