El gobernador de Texas, Greg Abbott, apelará la decisión del Tribunal de Distrito de rechazar la ley SB4, destinada a reforzar el control migratorio en la zona. El juez Ezra consideró que la norma viola la Constitución al invadir la competencia federal en la materia.
La ley, firmada por Abbott en diciembre y que entraría en vigor el próximo martes, permitía a los agentes locales detener a personas sospechosas de ser indocumentadas y llevarlas ante un juez para iniciar un proceso de expulsión, independientemente de su nacionalidad.
La decisión del juez Ezra recuerda al caso de Arizona, cuya ley SB1070 fue desestimada por el Tribunal Supremo Federal en 2012. Abbott cree que su norma correrá la misma suerte, pero confía en la influencia conservadora en la Corte.
Organizaciones de derechos humanos celebraron la decisión del juez, considerándola un triunfo para los valores y la Constitución. El grupo ACLU, que luchó contra la ley desde diciembre, promete seguir combatiendo las políticas migratorias de Texas.
El fallo del Tribunal de Distrito no pone fin al conflicto, ya que Texas apelará la decisión. El gobernador Abbott se compromete a proteger al estado de la crisis fronteriza, a pesar de la oposición del juez y de las organizaciones defensoras de derechos humanos.
La visita de Donald Trump a comunidades fronterizas y el aumento del flujo migratorio en la región alimentan el debate sobre la ley SB4. El juez Ezra argumenta que la norma invade competencias federales y viola la Constitución al permitir a Texas anular leyes migratorias.
El juez destaca que la expulsión de indocumentados es un tema de política exterior, que no puede ser decidido por Estados o jueces locales. Las autoridades mexicanas rechazaron esta disposición de la ley, que podría llevar a penas de hasta 20 años de prisión a los infractores.
La lucha entre Texas y el Gobierno Federal por el control migratorio promete extenderse en los tribunales, con el destino de la ley SB4 en manos de la Corte Suprema. La visita de Biden a la región fronteriza este jueves intensifica el debate sobre la crisis migratoria y la legalidad de las medidas adoptadas.
