La polémica en torno al manejo de los servicios tercerizados en el Instituto de Previsión Social (IPS) se intensifica tras denuncias presentadas ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). Los reclamos apuntan a que la empresa Hospiclean paga salarios insuficientes a sus trabajadores, mientras que reporta cifras mucho más altas ante las autoridades para aparentar cumplimiento legal y así eludir los procesos de licitación.
Según los documentos oficiales, el Consorcio Hospiclean no cumple con el pago del salario mínimo legal vigente y no proporciona la documentación requerida para demostrar que se efectúan esos pagos. Esta situación plantea serias dudas sobre la transparencia y legalidad del contrato de limpieza vigente.
Priscila Flor, directora de la Unidad Operativa de Contrataciones del IPS, justificó los altos montos de los contratos, afirmando que el costo por empleado de G. 9,5 millones no se limita al salario, ya que incluye cargas sociales, vacaciones, aguinaldos, insumos y otros gastos operativos. Sin embargo, esta defensa se enfrenta a la crítica de que el Dictamen UOC N° 86/24 no detalla los costos adicionales mencionados y simplemente establece precios referenciales genéricos para los empleados.
El informe inscripto al IPS evidencia que, en apenas once meses, el costo del servicio de limpieza aumentó de G. 6,9 millones a G. 9,1 millones por trabajador. Esta alza de casi G. 2 millones ha despertado sospechas sobre la gestión de los contratos tercerizados y la complicidad que pudiera existir entre altos funcionarios y la empresa.
Desde la previsional se ha argumentado que estos aumentos se justifican por la inclusión de diversos costos, pero muchos se preguntan si esto realmente refleja la calidad y la situación laboral de los trabajadores en el sector. Las secuelas de este escándalo continúan generando repercusiones políticas y sociales, a medida que se mantienen las investigaciones sobre el manejo de los contratos del IPS.
