Los fiscales Jorge Luis Arce, Marlene González y Silvio Corbeta han solicitado urgentemente a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia una resolución sobre la recusación de jueces en la causa conocida como «detergente de oro», que involucra al exintendente de Asunción, Óscar Andrés Rodríguez Quiñónez, y otros acusados de lesión de confianza y asociación criminal.
El 26 de septiembre de 2025, el abogado defensor de César Daniel Ojeda Figueredo, exconcejal de Asunción, recusó a los miembros del Tribunal de Apelación, Mario Camilo Torres y Silvana Luraghi. Simultáneamente, Rodríguez Quiñónez y Wilfrido Adrián Cáceres también presentaron recusaciones ante el mismo tribunal. La Corte, integrada por Carolina Llanes, Luis Benítez Riera y Manuel Ramírez Candia, debe pronunciarse al respecto.
Este incidente se enmarca en la tramitación de un recurso de reposición que se interpuso contra una providencia del 9 de septiembre de 2025, que convocó a una audiencia preliminar. Además, el 30 de septiembre de 2025, Cardozo recusó al camarista Paublino Escobar en relación con el mismo caso. La resolución de estas recusaciones está pendiente desde hace nueve meses.
Los fiscales han argumentado que es crucial obtener una respuesta para que se puedan resolver los planteamientos de las partes y así continuar con el proceso penal. El juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia, había rechazado previamente recursos de reposición por parte de Rodríguez, Cáceres y Ojeda el 22 de septiembre de 2025, señalando que las defensas no presentaron argumentos concretos sobre la supuesta falta de pruebas.
El 3 de septiembre de 2025, se formalizó una acusación contra Rodríguez Quiñónez, Cáceres, Ojeda y otros 13 individuos, por la supuesta compra irregular de «detergente de oro» y otros artículos de limpieza entre 2020 y 2021. Según la Fiscalía, durante la gestión de Rodríguez, la Municipalidad de Asunción sufrió pérdidas significativas, calculadas en G. 1.808.956.000, resultantes de sobrefacturaciones y simulaciones en la entrega de productos.
Se destaca que el municipio llegó a pagar hasta G. 393.800 por cada litro de un detergente francés, alegando que era más concentrado, aunque no se recibió la cantidad pagada. Las adquisiciones se realizaron sin la debida regulación, facilitando así el uso indebido de recursos municipales. Documentos y pericias entregados por la Fiscalía apuntan a una discrepancia entre los productos supuestamente entregados y las importaciones efectivamente realizadas en el país.
