La Junta Municipal de Asunción ha solicitado al intendente Luis Bello (ANR-HC) que realice modificaciones en la ordenanza N° 132/24, tras recibir una multa de G. 1.244 millones por parte de la Comisión Nacional de la Competencia (Conacom). Esta sanción se impuso debido a que se determinó que la norma establece un esquema de monopolio ilegal en el servicio de desinfección obligatoria para comercios locales.
En una reciente sesión ordinaria, los concejales exigieron desmantelar el sistema de exclusividad en el servicio. Para ello, se fijó un plazo de 30 días a las comisiones de Legislación, Salud y Hacienda para que presenten recomendaciones para la adecuación legal.
El concejal Humberto Blasco (PLRA) manifestó que la Municipalidad intenta sostener un monopolio criticado por los contribuyentes, ya que la capacidad del municipio solo cubre el 10% de la demanda. Según Blasco, el modelo actual contradice los principios de la Constitución Nacional y debería permitir la participación de empresas privadas.
Por su parte, Augusto Wagner (PLRA) instó a la redacción urgente de un nuevo marco que garantice la competencia libre, recordando que la Conacom indicó que las autoridades municipales no deben limitar los servicios sanitarios.
Desde el oficialismo, Miguel Sosa (ANR-cartista) argumentó que la normativa vigente no restringe la apertura del mercado, sino que el problema recae en la falta de iniciativa de la Intendencia para convocar a licitaciones públicas para la concesión del servicio a empresas privadas.
Con el sistema actual, la municipalidad recauda anualmente aproximadamente G. 5.000 millones, mientras que se estima que, de implementarse la concesión, los ingresos podrían aumentar entre G. 80.000 y G. 100.000 millones.
La Conacom indicó que la Municipalidad actuaba como un agente económico dominante en el control de plagas, obligando a las industrias y comercios a pagar aranceles exclusivamente a la comuna, lo que eliminaba la opción de elegir alternativas más económicas en el mercado. Este procedimiento se inició tras una denuncia de la Cámara Paraguaya de Controladores de Plagas en 2024.
Jorge Sabaté, director de Asuntos Jurídicos de la comuna, anunció que se presentará un recurso contencioso-administrativo para intentar frenar la sanción, alegando que el conflicto proviene de la administración anterior liderada por Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-HC). La Junta convocó a Sabaté para discutir el tema, con un límite fijado por la Conacom de seis meses para eliminar el régimen exclusivo.
En su defensa, las autoridades municipales destacaron que el municipio goza de autonomía política y normativa, y argumentaron que las ordenanzas no tenían fines comerciales ni buscaban ingresos encubiertos, justificando las inspecciones como parte del ejercicio del poder de policía sanitaria local.
