Los fiscales Belinda Bobadilla, Jorge Arce y Leonardi Guerrero han solicitado a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que resuelva de manera urgente la recusación presentada por el abogado Alejandro Valiente Martínez contra el Tribunal de Apelaciones y el juez Humberto Otazú, en el marco del caso conocido como la «mafia de los pagarés». La Sala Penal, integrada por los ministros Carolina Llanes, Luis Benítez Riera y Manuel Ramírez Candia, está encargada de tomar esta decisión.
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El 20 de marzo de 2026, estaba prevista una audiencia preliminar ante el juez Otazú, pero la presentación de la recusación por parte de Valiente Martínez a primera hora del día impidió su realización. Posteriormente, el abogado también recusó a los miembros del Tribunal de Apelaciones que debían analizar la chicana contra Otazú, lo que ha generado una retraso significativo en el proceso.
La fiscal Bobadilla se pronunció sobre las acciones del abogado, considerándolas meramente dilatorias. La fiscal explicó que el trámite requiere que el juez recusado envíe un informe a la Cámara especializada, que, a su vez, debe ser resuelto por la Sala Penal antes de que el Tribunal de Apelación pueda evaluar la recusación contra Otazú.
Este conflicto ha provocado que la audiencia y la posible apertura del juicio oral se retrase casi dos meses, sin que hasta el momento la Corte haya emitido una resolución al respecto. A raíz de estas maniobras, la máxima autoridad judicial del país aún no ha podido pronunciarse sobre el caso.
Juez de la Catedral y otros acusados por la mafia de los pagarés
El juez de Paz de La Catedral, Gustavo Villalba, así como su actuario, Aarón Valdéz, y dos ujieres notificadores, fueron acusados junto a Valiente Martínez por la Fiscalía. Los tres fiscales han señalado que se les atribuye la comisión de delitos como prevaricato y uso de documentos públicos falsos.
La Fiscalía también ha indicado que la trama incluye un patrón de asignación de casos al juez Villalba, quien habría facilitado el proceso mediante la adopción de decisiones irregulares. El abogado Valiente Martínez, representante de la firma Credisolución SAECA, es acusado de instigar estos ilícitos.
Demoras en el proceso judicial
De acuerdo con la normativa vigente, la ejecución de demandas requiere la presentación de pagarés originales en el juicio. Sin embargo, según la Fiscalía, en ninguno de los 83 expedientes analizados se encontraba la documentación necesaria. Esta omisión genera cuestionamientos sobre la validez y procedencia de las demandas impulsadas por Valiente Martínez.
El informe del juez interino del Juzgado de Paz de La Catedral confirma que no se presentaron los pagarés para las audiencias de reconocimiento de firmas, a lo que los fiscales atribuyen la falta de diligencia por parte del abogado en el manejo de notificaciones. Este aspecto podría ser vital para entender la magnitud de los delitos en el marco de esta complicada trama judicial.
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