PF investigó 600 casos de sobornos en elecciones utilizando fondos.
Este delito aparece en 143 investigaciones abiertas desde el 16 de agosto, fecha que marcó el inicio de la campaña electoral, cuando los candidatos pueden realizar mítines, distribuir material y pedir votos.
Los datos provienen de un panel de la PF con casos electorales que investiga el organismo.
El delito de fondos para sobornos en las elecciones se tipifica como tergiversación electoral.
La práctica ilegal implica el movimiento de recursos no contabilizados ni declarados en la campaña, con base en registros paralelos. Por tanto, los valores quedan fuera del análisis del Tribunal Electoral.
En los últimos 15 días, la PF incautó grandes cantidades de dinero en efectivo relacionados con las investigaciones por este delito.
Otros casos
Según datos de la PF, otros delitos que más aparecen en las investigaciones son:
- compra de votos (100);
- registro de votantes fraudulento (82);
- apropiación de recursos destinados al financiamiento electoral (75);
- difamación en propaganda electoral o con fines propagandísticos (66).
Río lidera encuestas
Río de Janeiro lidera el número de investigaciones abiertas por la PF: son 126.
En el estado, el delito que más aparece en las investigaciones es la apropiación de recursos destinados al financiamiento electoral.
Según el Código Electoral, el delito se comete cuando el candidato o administrador financiero se apropia de bienes, recursos o valores destinados al financiamiento electoral, para beneficio propio o ajeno.
Los otros estados con más investigaciones iniciadas por la PF son: Paraná (75), São Paulo (63), Ceará (39) y Distrito Federal (25).
Competencia
Corresponde a la PF investigar los delitos electorales. La policía civil estatal actúa de manera complementaria.
Cualquier denuncia es responsabilidad del Ministerio Público Electoral (MPE). El organismo está integrado por la estructura de los diputados estatales, el Ministerio Público Federal (MPF) y, en la cima, la Procuraduría General de la República (PGR).
La sentencia corresponde al Tribunal Electoral: jueces y Tribunales Electorales Regionales (en primera y segunda instancia, respectivamente), y al Tribunal Superior Electoral (TSE), en última instancia.
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