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Baruja no puede evitar que firmas con pasado oscuro participen.

El ministro del MUVH, Juan Carlos Baruja, asegura que no puede vetar a empresas con antecedentes oscuros en el programa “Che Róga Porã”, a pesar de denuncias. En total cuentan con US$ 56 millones y gestionan otros US$ 200 millones.

Baruja advierte que si se excluye a empresas no sancionadas, podrían enfrentar acciones legales. Además, se confirma la disponibilidad de recursos iniciales de US$ 56 millones con la AFD y el BNF para el programa. También se buscan fondos adicionales de Taiwán por otros US$ 200 millones, aunque no especificó su destino.

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Dentro de las empresas habilitadas para el programa se encuentra Juan Enrique Rolón Garay, denunciado por falsificación de firmas en 2021. En este sentido, presentó un proyecto ante el MUVH como parte de un plan de reactivación económica con US$ 47 millones para enfrentar la crisis por la pandemia.

Por otra parte, la empresa Vial Sur, de Carlos Muñoz, pareja de la vocera del gobierno Paula Carro, también forma parte de las habilitadas para el programa. Carro asegura que la habilitación se realizó antes de su designación como vocera y niega conflictos de intereses al no ser accionista de la empresa.

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La presencia de empresas con cuestionamientos en el programa “Che Róga Porã” genera controversia en el ámbito nacional. La gestión de Juan Carlos Baruja al frente del MUVH se ve cuestionada por permitir la participación de firmas con historiales problemáticos en proyectos clave para el desarrollo del país.

La transparencia y la legalidad en la selección de empresas para el programa son temas de interés público que requieren revisión detallada. Las autoridades deben garantizar que los recursos asignados se utilicen de manera adecuada y que no haya conflictos de intereses que afecten la correcta ejecución de los proyectos de vivienda.

El debate sobre la idoneidad de las empresas participantes en el programa de vivienda del MUVH refleja la importancia de una gestión pública transparente y responsable. La sociedad civil y los órganos de control deben monitorear de cerca el desarrollo de estos proyectos para asegurar que se cumplan los objetivos planteados y se evite cualquier tipo de irregularidades.

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