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Víctor Sánchez alegó a Contrataciones Públicas que renunció como asesor de la proveedora del Centro de Monitoreo del billetaje antes de convertirse en viceministro de Transporte. Aunque esa respuesta la dio después de que se descubrieran anomalías en ese contrato y surgieran indicios de que actuó de “juez y parte”.

El extitular de la DNCP, Pablo Seitz, aseguró en la Resolución N° 2931 del 14 de agosto último que existen elementos suficientes para la apertura de un sumario para la mencionada compañía. Entre los motivos se encuentran diferencias entre lo certificado y lo constatado por más de G. 463 millones, deficiencias en la construcción del edificio del centro y que el exviceministro era prácticamente juez y parte en ese contrato, pues era el asesor responsable de la ejecución del proyecto y autoridad del Estado.

Seitz ordenó que la causa sea derivada al departamento de Sumarios. Sin embargo, la apertura de la siguiente investigación queda cargo de la nueva administración del presidente Santiago Peña, pues Agustín Encina reemplaza a Seitz como director de la institución con el cambio de Gobierno.

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Los funcionarios verificaron el cumplimiento del contrato in situ. Realizaron varias observaciones, algunas fueron contestadas por Transporte, que convencieron a los auditores y por lo tanto, se levantaron, pero otras tantas no y por ello abrieron la segunda investigación, la de de oficio.

Recién en esta etapa, Sánchez envió una nota a DNCP para notificar que había renunciado como asesor del consocio el 30 de abril del 2020, un año antes de que asuma como viceministro de Transporte.

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En ese informe de la verificación del contrato (primera investigación), los auditores dejaron constancia de que no se había constatado ningún documento que desvincule a Sánchez como asesor de la proveedora durante su vigencia. Lo habían pedido y no lo recibieron para la elaboración del informe final, conforme se describió en el citado documento.

Sumarios pendientes

La Subsecretaría de Estado de Tributaciíon (SET) había detectado indicios de evasión de transportistas que cobran subsidios y la conclusión de ese sumario sigue pendiente o al menos no fue socializado si llegó a terminarse.

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Asimismo, el Ministerio de Trabajo había confirmado, mediante fiscalizaciones, que los empresarios emplean en negro a sus choferes, y que esta situación no sería impedimento para cobrar recursos del Estado. Aún se desconocen las sanciones.


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