Críticas al silencio de magistrados por el caso del senador Hernán Rivas
El presidente del Colegio de Abogados del Paraguay, Jorge Arturo Daniel, ha expresado su profundo descontento hacia los gremios de magistrados por su falta de pronunciamiento en el caso de Hernán Rivas. Este senador, cuya validez como abogado se encuentra bajo cuestionamiento, ha sido objeto de controversia tras ser sobreseído en un proceso por un presunto título falso. Daniel exige que el Consejo de Superintendencia actúe y cancele la matrícula de Rivas, quien anteriormente ocupó la presidencia del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
Durante años, el Colegio de Abogados había alertado sobre la posible invalidez del título de Rivas, pero, según Daniel, la respuesta institucional ha sido inexistente. Aún más preocupante, menciona que la Justicia ha favorecido al senador al no avanzar en el caso, lo que genera indignación no solo en su gremio, sino también entre sectores productivos y la prensa.
Daniel criticó severamente el silencio de asociaciones de jueces, fiscales y defensores públicos, sugiriendo que este comportamiento no solo normaliza la situación, sino que también añade más desconfianza al sistema judicial. El presidente del Colegio opina que esta falta de reacción es inexcusable, especialmente dado que Rivas ya no preside el JEM, lo que elimina cualquier temor a represalias.
En sus declaraciones, el abogado instó al Consejo de Superintendencia a revaluar su postura y a considerar la nulidad del título de Rivas. Además, planteó la posibilidad de que, de confirmarse su título fraudulento, se podrían anular decisiones tomadas en el JEM cuando su voto fue determinante, lo que podría tener implicaciones serias para el marco legislativo y judicial del país.
Finalmente, Daniel sugirió que la situación refleja un problema más amplio de integridad en el sistema educativo paraguayo, instando a una revisión exhaustiva de la formación académica en derecho. La controversia en torno a Rivas no solo cuestiona su estatus como abogado, sino que también pone en jaque la credibilidad de las instituciones que deberían velar por la justicia y la legalidad.
