Crece la preocupación por presunta complicidad del Banco Nacional de Fomento en el escándalo de la «mafia de los pagarés»
Un nuevo escándalo ha sido destapado en Paraguay, relacionado con la conocida “mafia de los pagarés”, que ahora involucra a altos funcionarios del Banco Nacional de Fomento (BNF). El senador Rafael Filizzola, quien preside una Comisión Especial del Senado encargada de investigar este caso, ha denunciado la concesión irregular de préstamos a personas con discapacidad y sin capacidad financiera, lo que sugiere un claro abuso dentro de las operaciones bancarias.
Filizzola presentó el caso de Isabelino Cipriano González, un hombre sordomudo y analfabeto que supuestamente obtuvo un préstamo de 30 millones de guaraníes. El senador cuestiona la versión oficial del BNF, que sostiene que González realizó todos los trámites de forma verbal, sin necesidad de un intérprete de lenguaje de señas, lo que genera serias dudas sobre los procedimientos de verificación del banco.
Este caso no es aislado, ya que la misma Comisión ha encontrado que el BNF facilitaría los descuentos compulsivos de salarios de sus clientes a favor de empresas de cobro. Según el senador, es probable que la solicitud de González haya sido manipulada, ya que ningún control interno del banco parece haber detectado su condición de discapacidad auditiva.
Además, Filizzola destacó que el proceso por el cual pasó el préstamo incluyó al menos cuatro filtros dentro de la institución, lo que pone en evidencia graves fallas en el sistema bancario. «Esto no es un error administrativo, sino una acción criminal que involucra desde los funcionarios hasta la alta dirección del banco», afirmó.
El desenlace de esta situación es igualmente alarmante: Isabelino jamás recibió los 30 millones de guaraníes, y ahora enfrenta descuentos directos de su salario por un préstamo del que fue víctima. Filizzola ha señalado que se procederá con una denuncia ante la Superintendencia de Bancos y se solicitará la intervención judicial para investigar posibles responsabilidades penales en el caso.
Mientras tanto, en la Cámara de Diputados, los esfuerzos por avanzar en la regulación de este tipo de prácticas se encuentran estancados. Proyectos de ley que buscan proteger a los deudores y establecer sanciones a la “mafia de los pagarés” siguen sin ser tratados, reflejando un contexto complicado en la lucha contra este fenómeno que afecta a la ciudadanía.
