Modificación del PGN permite a altos funcionarios recibir gratificaciones, generando controversia
Las recientes reformas al Decreto Reglamentario del Presupuesto General de la Nación (PGN) han suscitado un debate sobre la legalidad de los sobresueldos percibidos por altos funcionarios del gobierno. Hasta el ejercicio fiscal 2024, la normativa prohibía explícitamente a presidentes, vicepresidentes, ministros y otros cargos equivalentes cobrar gratificaciones adicionales. Sin embargo, la modificación realizada para 2025 ha dejado abierta esta posibilidad, lo que ha sido criticado por legisladores y expertos en finanzas públicas.
Este cambio en la legislación ha permitido a funcionarios como Basilio “Bachi” Núñez, presidente del Congreso, justificar el cobro de casi G. 254 millones entre marzo de 2025 y febrero de este año, argumentando que ahora se encuentra amparado por la normativa vigente. La eliminación de la prohibición fue interpretada por muchos como una apertura irresponsable para acceder a fondos públicos bajo nuevos conceptos de gratificación y bonificación.
El trasfondo de la modificación normativa
Un análisis de los decretos firmados durante los gobiernos anteriores revela que las restricciones habían sido diseñadas para evitar el uso indebido de recursos públicos por altos funcionarios. La cláusula de incompatibilidad establecida en 2016 se extendió en 2018 asegurando que todo cargo con una remuneración superior a la de un ministro no podría recibir bonificaciones bajo ningún concepto. Esta estabilidad se ha visto alterada con el nuevo marco regulatorio.
El cambio más notable fue el de la redacción del Artículo 132, donde se eliminó la palabra «NO», permitiendo que se establezcan bonificaciones hasta el 25% del salario mensual de los altos funcionarios. Este sutil pero significativo ajuste ha sido clave para justificar los sobresueldos que hoy se perciben, y se ha mantenido en el PGN del año en curso.
Consecuencias inmediatas de la implementación del nuevo PGN
Desde la aprobación del PGN 2025, los altos funcionarios, incluidos ministros y directores de instituciones estatales, comenzaron a recibir aumentos significativos en sus remuneraciones, llegando en promedio a G. 6,5 millones adicionales por mes. Este patrón se ha replicado en distintas entidades públicas, exacerbando las críticas sobre la utilización de recursos fiscales.
Basilio Núñez ha enfrentado un creciente descontento público tras la revelación de sus ingresos, que incluyen un sobresueldo superior a G. 21 millones mensuales, llevando su salario total a más de G. 63 millones. En respuesta a la presión mediática y social, anunció su renuncia a dichos cobros, aunque ya había acumulado durante un año una cifra cercana a G. 254 millones, generando un intenso debate sobre la ética en la administración del dinero público.
