Paraguay busca eliminar bonificaciones a altos funcionarios

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El diputado de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Daniel Centurión, ha afirmado que existe un consenso político en la Cámara de Diputados de Paraguay para eliminar las bonificaciones que reciben el presidente del Congreso y los ministros del Ejecutivo. A pesar de la falta de quorum en la última sesión, Centurión confía en que la iniciativa será reactivada y aprobada en un futuro próximo.

El propósito principal de la medida es suprimir los considerados beneficios económicos adicionales que han sido objeto de críticas en el contexto actual de dificultades económicas, tras la declaración de “economía de guerra” por parte del gobierno. “Vamos a aprobar eso. Yo siempre he manifestado eso públicamente”, declaró Centurión, quien ha mostrado su compromiso con esta reforma.

El legislador enfatiza que la clase política debe dar muestras de responsabilidad y solidaridad ante la crisis, sugiriendo que es esencial renunciar a los privilegios del Estado. “Tenemos que ser ejemplo, demostrar con hechos que queremos ajustarnos los cinturones”, subrayó, haciendo hincapié en la necesidad de una gestión pública más coherente y creíble.

A pesar de no haberse podido votar el proyecto en la última sesión debido a la falta de quorum, Centurión confía en que hay un acuerdo amplio entre diferentes bancadas, incluida la oficialista. “Vamos a reimpulsar y se va a aprobar. En eso estamos coincidiendo todas las bancadas”, afirmó, reflejando una voluntad colectiva de cambio.

Desde enero de 2025, un grupo selecto de autoridades ha visto incrementadas sus remuneraciones a través de bonificaciones relacionadas con la “responsabilidad”, un concepto que previamente no aparecía en las planillas correspondientes. Esta situación ha beneficiado principalmente al presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, quien, tras incrementar su salario a más de 63 millones de guaraníes mensuales, anunció su disposición a renunciar a estos beneficios tras las críticas recibidas.

La política de bonificaciones también afecta a ministros del gabinete de Santiago Peña y a diversos directores de entidades descentralizadas, lo que ha intensificado el debate sobre la equidad y la responsabilidad fiscal en el país. La eliminación de estos beneficios es vista por Centurión como un paso crucial para restaurar la confianza pública en las instituciones.