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El presidente del Centro de Empresarios del Transporte de Pasajeros del Área Metropolitana (Cetrapam), César Ruiz Díaz, ha dirigido una carta al viceministro de Transporte, Emiliano Fernández. En ella, advierte que si no reciben el subsidio estatal, «la continuidad del transporte de pasajeros en el área metropolitana» estaría en peligro.

Cetrapam entregó la nota al mediodía, reclamando enérgicamente el pago pendiente del subsidio correspondiente a julio de 2025. Denuncian que esto incumple el Acta N.º 57/2025, firmada en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

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A pesar de los esfuerzos previos, el Viceministerio de Transporte sigue manteniendo retrasos que afectan la sostenibilidad del servicio, causando dificultades financieras a las empresas y poniendo en riesgo el transporte. El 18 de julio, se firmó un acuerdo que incluyó el pago de una deuda de 3,9 millones de dólares. Además, se pactó que el subsidio se pagaría el mismo mes de presentación de carpetas.

Cetrapam subraya que los compromisos del Viceministerio comprometen a todo el Gobierno, por lo que no se pueden justificar retrasos administrativos. Exigen el inmediato pago del subsidio de julio, ya que cualquier dilación adicional viola lo acordado y daña la credibilidad institucional.

El reclamo surge tras la aprobación en el Senado de la reforma del transporte, que busca modernizar el sistema metropolitano. La reforma contempla concesiones de 15 a 20 años para flota, infraestructura y operaciones. El Estado comprará los autobuses y los ofrecerá a los operadores. La flota no podrá tener vehículos con más de 15 años, priorizando bajas emisiones.

Se licitarán contratos para infraestructura y servicios complementarios. Se organizarán unidades funcionales, buscando reducir de 36 a 10 empresas operadoras y permitir varios viajes con un solo pasaje.

Los trabajadores podrían llamar a huelga, ya que el plan obliga a evaluaciones periódicas para los choferes, algo que critican. Además, temen quedarse sin empleo si una empresa pierde su concesión. El proyecto ahora pasará a la Cámara de Diputados.

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MINGA GUAZÚ

Policías han arrestado a un joven acusado de ser uno de los responsables del fallido intento de asalto al convoy de camiones de la empresa de encomiendas Paraná Express. El detenido entró en varias contradicciones y finalmente confesó su implicación.

Autor: ABC Color

Fecha: 10 de septiembre de 2025 – 15:25

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Durante un control de rutina en la ruta PY02, en el antiguo kilómetro 32 de esta ciudad, agentes de la Subcomisaría 52ª revisaron los documentos de Gustavo Rodrigo Arce González (20). Inicialmente, el joven afirmó ser estibador, pero al contradecirse, confesó su participación en el intento de asalto ocurrido en la madrugada del miércoles. Fue trasladado a la comisaría local y luego al departamento de Caaguazú para quedar a disposición del fiscal del caso.

El intento de robo

Cerca de las 03:00, un grupo armado interceptó los vehículos en el kilómetro 175 de la ruta PY02, en Minga Guazú. Los delincuentes se desplazaban en al menos cuatro vehículos, incluyendo una Ford Ranger blanca, una Toyota Fortuner gris, un Toyota Premio plateado y un Chevrolet Onix blanco, bloqueando el camino de los camiones. Agentes de la FOPE y la comisaría local, que escoltaban al convoy, respondieron y se produjo un tiroteo en el que resultaron heridos tres policías. Estos fueron trasladados inicialmente al Sanatorio Privado del Este en Caaguazú y dos de ellos luego a Asunción para cirugías. Todos se encuentran fuera de peligro.

Una de las camionetas usadas por los atacantes fue abandonada a unos 2.000 metros del lugar del enfrentamiento.

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El juicio oral contra el senador Erico Galeano Segovia, afiliado a la ANR y vinculado al sector cartista, continuó este miércoles. Galeano está acusado de supuestos lazos con el esquema «A Ultranza», y el enfoque del día fue la venta de una casa en el condominio Aqua Village de Altos. Según la Fiscalía, el senador vendió la propiedad por un millón de dólares a Hugo González Ramos, acusado de ser testaferro de Miguel Ángel «Tío Rico» Insfrán Galeano, presunto narcotraficante.

El testigo Pablo Paredes, agente especial de la Unidad de Investigación Sensible de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), participó en el allanamiento en febrero de 2022 en Aqua Village, dentro del caso A Ultranza. Paredes declaró que el objetivo fue confiscar bienes de Insfrán Galeano, que supuestamente fueron comprados con dinero del narcotráfico.

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En el allanamiento, encontraron una factura a nombre de Erico Galeano, un sello con el nombre de Insfrán y una camioneta de la empresa «Nuevo Horizonte», vinculada al lavado de dinero, según datos de la Fiscalía.

El testimonio de Paredes también reveló que el inmueble estaba registrado a nombre de Hugo González Ramos, posiblemente un testaferro de Insfrán. Se mencionó que es común que quienes están ligados a actividades criminales usen efectivo para comprar propiedades.

Olga Fleitas, perito encargada de la tasación del inmueble, declaró que el valor de la propiedad en marzo de 2024 fue de 755,508 dólares, considerando su ubicación y otras comparaciones dentro del mismo condominio.

Sin embargo, la pericia mostró que otro terreno dentro del mismo residencial, de dimensiones similares, está valorado en 160,000 dólares, lo que resaltó la jueza Inés Galarza al cuestionar esta diferencia.

El juicio proseguirá el martes 16 de septiembre a las 10:00, con más declaraciones de testigos según lo dispuesto por el Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado.

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