El Senado de Paraguay se prepara para definir el orden del día de su sesión ordinaria, en la cual se anticipa que se discutirá el polémico tema de la reforma de la jubilación de los legisladores. El presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, ha indicado que este asunto debe ser incluido en la agenda, alineándose con la reciente controversia en torno a la “Reforma de la Caja Fiscal”. Sin embargo, el compromiso de predicar con el ejemplo queda en entredicho, dado que cambios significativos en la jubilación privilegiada no parecen ser una prioridad para la mayoría.
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A lo largo del año, varios altos funcionarios, incluido Núñez, se han beneficiado de incrementos salariales que superan el 70%. En medio de un panorama económico complicado, marcado por una “economía de guerra” y un llamado al ajuste fiscal por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, se han otorgado “bonificaciones por responsabilidad” que, en algunos casos, rozan cifras escandalosas.
Las bonificaciones para los altos funcionarios, que se añaden a sus ya elevados salarios, han generado reacciones de descontento. Por ejemplo, el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, recibe una bonificación de G. 6.523.414, mientras que Núñez se beneficia de una suma de G. 21.100.414, alcanzando un total mensual de G. 63.302.850 en ingresos. Este contexto sugiere una desconexión entre las decisiones económicas del gobierno y las realidades que enfrenta la sociedad paraguaya.
En lo que respecta a la reforma de la jubilación de los legisladores, la reciente versión aprobada en Diputados introduce cambios mínimos, que a algunos les parecen insuficientes. Se ha propuesto que la jubilación se convierta en una “caja privada”, al proponer que no recibirá aportes del Estado. Sin embargo, esta limitación podría eludirse fácilmente mediante futuras modificaciones legales, generando escepticismo sobre la efectividad de tales reformas.
Los legisladores continúan gozando de beneficios que no están disponibles para el común de los ciudadanos. Por un lado, pueden jubilarse tras sólo 15 años de aporte –una exigencia considerablemente menor que la de otros trabajadores que necesitan 30 años para acceder a pensiones del IPS. Además, existe la posibilidad de que un familiar reciba la pensión de por vida en caso de fallecimiento, un privilegio restringido en otros sectores del país.
A pesar de estas consideraciones, los intentos de eliminar por completo la caja parlamentaria han sido ignorados. Durante el receso parlamentario, los diputados Raúl Benítez y Johanna Ortega propusieron un proyecto para erradicar la jubilación de privilegio, que fue desestimado. Ambos legisladores sostienen que la administración de estos beneficios sigue siendo financiada con fondos públicos, lo que contradice la noción de que se trataría de una “caja privada”.
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