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Riera detalla las razones detrás de la declaración de terrorista al Cartel de los Soles en Paraguay
Paraguay declaró al Cartel de los Soles como grupo terrorista, no por seguir a Estados Unidos, sino con el objetivo de extraditar a miembros del EPP supuestamente escondidos en Venezuela y responder a las familias de los secuestrados desaparecidos, según el ministro Enrique Riera. Estados Unidos vincula al grupo con el gobierno de Nicolás Maduro.
El ministro del Interior, Enrique Riera, afirmó que la declaración del Cartel de los Soles como organización terrorista no busca alinear al país con Estados Unidos. Explicó que la decisión responde a los intereses de Paraguay, principalmente relacionados con la extradición de integrantes del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) que se encontrarían en Venezuela.
Riera destacó que la dictadura de Maduro representa un problema, complicando el esfuerzo para extraditar y arrestar a estas personas. A pesar de los esfuerzos de las instituciones paraguayas, las barreras burocráticas y la protección que ofrece el régimen venezolano a los criminales son obstáculos significativos.
El ministro subrayó la intención de presionar para extraditar a miembros de la familia Villalba, acusados de secuestrar a Edelio Morínigo, Félix Urbieta y al exvicepresidente Óscar Denis. Aclaró que Paraguay también tiene el interés de que el Cartel de los Soles colabore para llevar ante la justicia a sus «propios terroristas», quienes podrían saber el destino de los desaparecidos.
Riera lamentó la falta de cooperación con el gobierno de Maduro, lo que dificulta ejecutar órdenes de captura internacionales. Varios países, incluido EE.UU., consideran al Cartel de los Soles como una organización vinculada al gobierno venezolano.
Finalmente, Riera elogió la seguridad en los Juegos Panamericanos Júnior ASU 2025, asegurando que no hubo incidentes que afecten el desarrollo del evento. También detalló el despliegue de 5,000 agentes para el Mundial de Rally en Itapúa.
En el Proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2026, se espera un aumento del 8% en los ingresos fiscales. Sin embargo, el gobierno ha asegurado que no planea cambios en el sistema de impuestos ni implementará nuevas medidas legislativas.
El Ministerio de Economía presentó al Congreso el proyecto de ley de presupuesto para 2026, con un valor de G. 149,2 billones (equivalente a USD 18.928 millones), lo que supone un incremento del 12% respecto al presupuesto inicial de 2025. Este aumento se financiará con recursos estatales, incluyendo ingresos tributarios y no tributarios.
El gobierno destaca que no habrá modificaciones en el sistema de impuestos, cumpliendo una promesa electoral. La recaudación tributaria está prevista que aumente un 8% comparado con la proyección de cierre de 2025, sumando G. 45,3 billones (USD 5.750 millones). La presión fiscal se mantendría en el 11,6% del PIB.
Para los ingresos no tributarios, que suman G. 5,9 billones (USD 750,2 millones), se han considerado factores como la evolución del salario mínimo, el índice de precios al consumidor, regalías y compensaciones de Entidades Binacionales, y rentas de activos del Estado. Las regalías y compensaciones de estas entidades son significativas según el Ejecutivo.
Profesionales de enfermería han reportado que el Ministerio de Salud les debe pagos desde mayo por cubrir vacaciones entre enero y abril. Las autoridades sanitarias aclararon que este año se han completado 7.200 pagos y que los fondos necesarios están asegurados.
Trabajadores de diferentes hospitales del Ministerio de Salud Pública (MSPBS) esperan desde mayo el pago por la cobertura de vacaciones realizada en los primeros meses del año. Según indican, no se les ha convocado para firmar contratos, que ahora se formalizan después del servicio. Los afectados recalcan que este cambio de procedimiento ha dejado pendiente el pago, sugiriendo que no hay expectativas de recibirlo pronto.
El atraso impacta especialmente a profesionales de hospitales como Villa Elisa, San Lorenzo (Calle’i), Acosta Ñu, Ineram y San Pablo, entre otros.
Frente a los reclamos, el Ministerio de Salud explicó a ABC que en 2025 ya se han efectuado más de 7.200 pagos y que los recursos están garantizados. Han establecido un plan mensual de pagos en base al crédito presupuestario asignado a cada establecimiento.
La semana anterior, se generaron 1.300 contratos, principalmente relacionados con coberturas de abril y mayo, y algunos de meses anteriores por temas administrativos. Además, se está por completar la verificación de coberturas relativas a junio y las pendientes por presentaciones tardías o superposiciones de horarios.
La intendenta de Valenzuela, Mirtha Fernández (PLRA), ha estado evitando su audiencia preliminar durante dos años y cinco meses. Está acusada de una supuesta malversación de G. 1.999 millones en 2019.
Fernández, perteneciente al Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), ha retrasado durante 29 meses el proceso que debe decidir si su caso llega a juicio. Se le acusa de «lesión de confianza» por el presunto desfalco durante su gestión en 2015.
Esta es su tercera gestión municipal, la cual concluye en 2026, y también se ha visto marcada por la falta de transparencia. Fue imputada en abril de 2022 y acusada en marzo de 2023. Los fiscales Diego Arzamendia y Néstor Coronel han solicitado que el caso se lleve a juicio público.
No obstante, el proceso se ha detenido, ya que los 12 acusados junto con Fernández han estado usando maniobras dilatorias, presentando 20 recursos diferentes para frenar el caso.
Además de Fernández, los acusados son: Cristhian Flecha Fernández, tesorero municipal; Arq. María Luz Balbuena Villalba de la Cámara de Diputados; Elvis Ramón Balbuena López, supervisor de obras; y Simón Candia Rolón, representante de Marías Group SA. También están incluidos Carlos y Aníbal Samudio Sánchez, proveedores del Estado; Sergio Ariel Flecha Fernández, funcionario municipal; así como Adolfo Mendoza Álvarez, Maglio César Nelson Muñoz Díaz, Dora Villagra Patiño, Verónica Acosta Cantero y Francisca Espínola, todos vinculados al supuesto esquema para desfalcar la municipalidad por G. 1.199 millones del Fonacide y Royalties en 2019.
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