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Nuevo ataque al Grupo Zuccolillo por exponer eventos que incomodan al poder

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Nuevo ataque al Grupo Zuccolillo por exponer eventos que incomodan al poder
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Primero, es importante mencionar que el acta de imputación no detalla la conducta atribuida a los miembros del directorio del Banco Atlas, señaló anoche el abogado de la entidad en una entrevista con ABC TV y ABC Cardinal.

Los fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción, Jorge Arce Rolandi, Francisco Cabrera Sanabria y Verónica Valdez Rivas, presentaron ayer imputaciones por lavado de activos contra la empresa.

Yódice destacó que esta investigación ocurre en un momento en que ABC está revelando situaciones que afectan a grupos de poder. “Observo una clara persecución al grupo Zuccolillo”, comentó, añadiendo que la denuncia fue presentada por la Conmebol en 2021 y que la Fiscalía solo ahora, cuatro años después, toma acción, a pesar de que el Banco Atlas ha colaborado con documentos durante todo el proceso.

Desde el inicio, la investigación determinó que los fondos reclamados por la Conmebol eran de origen rastreable, sin embargo, “la Fiscalía ahora sugiere que esos fondos fueron desviados por Nicolás Leoz”, expresidente de la organización de fútbol sudamericana.

Yódice enfatizó que los fondos ingresados al Banco Atlas provienen de “actividades verificadas, comerciales y ganaderas del señor Leoz”.

“Los fiscales mencionan la presunta obtención de dinero de actividades ilegales, indicando que esos fondos estaban en el Banco do Brasil, que debía haber realizado la diligencia debida”, afirmó. Añadió que la Fiscalía sugiere que el dinero se usó para establecer fideicomisos en el Banco Atlas, “cuando este banco informó todo al Ministerio Público y estuvo bajo control del BCP”.

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La trazabilidad del dinero fue comprobada por la Superintendencia de Bancos, algo que la Fiscalía conoce, explicó Yódice. “El monto se depositó por Nicolás Leoz en 2002, cuando era Financiera Atlas. Hay una discrepancia entre lo que dice el Ministerio Público y los documentos del banco”, agregó.

Subrayó que la incongruencia de los fiscales al ligarlo a una acción penal después de pasados nueve años no implica necesariamente un delito, pero destaca el hecho de que las conductas cuestionadas terminaron en 2016.

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“No se especifica en la imputación qué conocimiento o intención tenían los directores al supuestamente legitimar dinero de hechos ilícitos. La Fiscalía indica que ya estaba bancarizado desde 2011-2013, y Leoz aún era presidente de la Conmebol hasta 2013”, cuestionó.

El abogado afirmó que la imputación es deficiente en la descripción de los hechos y en la atribución de conductas a los acusados, lo que podría ser un impedimento legal para iniciar el proceso.

Finalmente, Yódice explicó que “estos fiscales tienen la trazabilidad completa de los fondos desviados”. Señaló que está documentado que el dinero cuestionado ingresó al Banco do Brasil, se transfirió a bancos extranjeros, y luego retornó a Paraguay, sin incluir a Atlas.

La lista de imputados incluye a María Clemencia Pérez de Leoz; sus hijas Nora Cecilia Leoz de Cardozo y María Celeste Leoz de Ribeiro; y directivos del Banco Atlas, entre otros.

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Sobre fideicomisos por más de US$ 27 millones recibidos desde el extranjero, el abogado Claudio Federico Lovera, de la Conmebol, al parecer ignoró estos recursos, presentando una denuncia contra un solo banco. Los informes revelaron millonarios movimientos en los bancos Amambay y do Brasil entre 2011 y 2015.

Lovera aseguró desconocer esas operaciones debido a la falta de documentos en la carpeta recibida del Ministerio Público, aunque los informes financieros eran parte de la denuncia de 2017 por la Conmebol.

El enfoque del abogado hacia Banco Atlas levanta sospechas, al insistir en supuestas irregularidades en dos fideicomisos por unos US$ 6 millones, mientras que Atlas ha demostrado la rastreabilidad de los fondos y la diligencia debida conforme con resoluciones de la Superintendencia de Bancos.

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Detienen a dos sospechosos de microtráfico durante un allanamiento en Pedro Juan Caballero

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Detienen a dos sospechosos de microtráfico durante un allanamiento en Pedro Juan Caballero
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El 31 de octubre de 2025, a las 08:36, se realizó un operativo en Pedro Juan Caballero donde la Senad detuvo a un hombre de 41 años y a un joven de 16. Fueron capturados en un allanamiento en una casa sospechosa de vender drogas. Se incautaron 27 gramos de cocaína, dinero y otras pruebas.

Agentes del Departamento Regional N°1 de la Senad llevaron a cabo el allanamiento en una vivienda que funcionaba como punto de venta de drogas. Detuvieron a Pedro Pablo Alvarenga Cabañas, quien tenía antecedentes por abigeato, y a un adolescente. Se confiscaron 27,59 gramos de clorhidrato de cocaína en 26 dosis y otras evidencias.

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El allanamiento, apoyado por las Fuerzas Especiales de la Senad, ocurrió en el barrio San Juan Neuman. Además de cocaína, se incautaron dos balanzas pequeñas, una cuchara dosificadora, 1.756.000 guaraníes y 559 reales. La fiscal antidrogas de Amambay, Rossana Coronel, podría imputar a los detenidos por tenencia y comercialización de drogas, según el Ministerio Público.

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Asunción: Bello planea vender terrenos de la Costanera en condiciones similares a Nenecho

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Asunción: Bello planea vender terrenos de la Costanera en condiciones similares a Nenecho
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El intendente de Asunción, Luis Bello (ANR-cartista), tiene planes para 2026 de vender 6 hectáreas de terrenos municipales en la Costanera Norte, un intento similar al que hizo sin éxito en 2024 su predecesor, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista). Las áreas en cuestión, A1 y A3, de 2 y 4 hectáreas respectivamente, están situadas en un cruce de la avenida José Asunción Flores y la avenida General Santos.

Bello busca un precio base de G. 28.000 millones por hectárea, lo que totaliza US$ 25 millones, cifra que ya está contemplada en su presupuesto para 2026. Sin embargo, la comuna aún carece de un plan de desarrollo urbano que podría aumentar el valor del terreno antes de su venta, según Diego Sotomayor, director de Planeamiento Urbano, quien menciona que ni siquiera está al tanto de la intención de remate.

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Hugo Martínez, director de Administración y Finanzas, comentó que seguirán el plan de Nenecho, revisando solo el precio base antes de proceder con la venta si todo está en orden. No obstante, pese a ser parte del presupuesto, Bello negó a ABC Tv que haya planes para la subasta.

Gonzalo Garay, del Consejo de Desarrollo de Asunción (Codeasu), rechaza la venta argumentando que contradice el Proyecto Resiliencia Urbana, que integra estas tierras en uno de sus componentes clave, el Eco Distrito.

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El concejal Humberto Blasco (PLRA) señala que, aunque el ingreso por esta venta está presupuestado, usarlo para pagar deudas sería un error y un mal uso de los fondos generados, que deberían reinvertirse en infraestructura. Asimismo, se teme que el dinero no sea suficiente para cubrir deudas e intereses vencidos.

La subasta anterior, impulsada por Nenecho en diciembre pasado, fue criticada por su urgencia y la intención de usar los ingresos para gastos y deudas en lugar de en el desarrollo local. La actual propuesta necesita más análisis y autorización por parte de la Junta Municipal antes de avanzar.

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Vence el plazo de la octava adenda con la firma catarí; podrían otorgar otra prórroga

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Vence el plazo de la octava adenda con la firma catarí; podrían otorgar otra prórroga
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El plazo de la octava extensión otorgada por Petróleos Paraguayos (Petropar), bajo la presidencia de Eddie Jara, a la empresa catarí Doha Holding Group LLC, vence hoy, 31 de octubre. A pesar de que la empresa no ha entregado las 100.000 toneladas métricas de gasoil —valoradas en 61 millones de dólares—, se le habría concedido otra ampliación del plazo. Según fuentes del sector, Petropar habría dado una prórroga de dos meses más, esperando la entrega para diciembre. Sin embargo, la planta de Villa Elisa no brindó explicaciones. Los directivos, incluido Jara, no respondieron a las consultas de los periodistas.

En comunicaciones, informaron que los directivos estaban en la planta de Troche y en una reunión en el Ministerio de Industria y Comercio. Intentos de contactar a Jara y otros gerentes, como William Wilka o Carlos Arce, fueron infructuosos. Tampoco se obtuvo respuesta de Norma Caballero, encargada de responder consultas.

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Extraoficialmente, se indicó que el gerente de Comercio Exterior no estaba disponible y se sugirió consultar la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas para más información. Durante una presentación ante la Comisión Bicameral del Congreso, Eddie Jara manifestó que no se otorgarían más extensiones a la empresa por incumplimiento, pero hasta ahora no se ha ejecutado la garantía de cumplimiento de 3.050.000 dólares.

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La octava prórroga extendió el contrato hasta el 31 de octubre. Sorprendentemente, esta extensión fue de dos meses, e indicios apuntan a que se podría haber repetido un plazo similar en una novena adenda. Doha Holding presentó solo una declaración jurada, firmada por el jeque Khalifa Hamad Al-Thani, como garantía de cumplimiento. Se aceptó esta declaración en lugar de una garantía real, a pesar de exigencias regulatorias más estrictas.

El jeque Al-Thani apareció en el contrato y la garantía como representante legal tiempo después de la adjudicación. Documentos revelan conexiones entre Doha Holding y figuras deportivas locales. Un «precio milagroso» de 610 dólares por tonelada se ofreció, un valor que ni siquiera Brasil consigue. Aunque Petropar admitió problemas para cumplir con este precio, consecutivas prórrogas han beneficiado a la firma catarí. La estatal no evaluó la capacidad financiera de la empresa conforme lo exige la ley para estos contratos.

Las irregularidades en la publicación y ejecución del contrato podrían contravenir la Ley N° 7021 de Contrataciones Públicas, que limita cambios contractuales al 20% del monto o plazo.

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