Nacionales
Nuevo ataque al Grupo Zuccolillo por exponer eventos que incomodan al poder
Primero, es importante mencionar que el acta de imputación no detalla la conducta atribuida a los miembros del directorio del Banco Atlas, señaló anoche el abogado de la entidad en una entrevista con ABC TV y ABC Cardinal.
Los fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción, Jorge Arce Rolandi, Francisco Cabrera Sanabria y Verónica Valdez Rivas, presentaron ayer imputaciones por lavado de activos contra la empresa.
Yódice destacó que esta investigación ocurre en un momento en que ABC está revelando situaciones que afectan a grupos de poder. “Observo una clara persecución al grupo Zuccolillo”, comentó, añadiendo que la denuncia fue presentada por la Conmebol en 2021 y que la Fiscalía solo ahora, cuatro años después, toma acción, a pesar de que el Banco Atlas ha colaborado con documentos durante todo el proceso.
Desde el inicio, la investigación determinó que los fondos reclamados por la Conmebol eran de origen rastreable, sin embargo, “la Fiscalía ahora sugiere que esos fondos fueron desviados por Nicolás Leoz”, expresidente de la organización de fútbol sudamericana.
Yódice enfatizó que los fondos ingresados al Banco Atlas provienen de “actividades verificadas, comerciales y ganaderas del señor Leoz”.
“Los fiscales mencionan la presunta obtención de dinero de actividades ilegales, indicando que esos fondos estaban en el Banco do Brasil, que debía haber realizado la diligencia debida”, afirmó. Añadió que la Fiscalía sugiere que el dinero se usó para establecer fideicomisos en el Banco Atlas, “cuando este banco informó todo al Ministerio Público y estuvo bajo control del BCP”.
La trazabilidad del dinero fue comprobada por la Superintendencia de Bancos, algo que la Fiscalía conoce, explicó Yódice. “El monto se depositó por Nicolás Leoz en 2002, cuando era Financiera Atlas. Hay una discrepancia entre lo que dice el Ministerio Público y los documentos del banco”, agregó.
Subrayó que la incongruencia de los fiscales al ligarlo a una acción penal después de pasados nueve años no implica necesariamente un delito, pero destaca el hecho de que las conductas cuestionadas terminaron en 2016.
“No se especifica en la imputación qué conocimiento o intención tenían los directores al supuestamente legitimar dinero de hechos ilícitos. La Fiscalía indica que ya estaba bancarizado desde 2011-2013, y Leoz aún era presidente de la Conmebol hasta 2013”, cuestionó.
El abogado afirmó que la imputación es deficiente en la descripción de los hechos y en la atribución de conductas a los acusados, lo que podría ser un impedimento legal para iniciar el proceso.
Finalmente, Yódice explicó que “estos fiscales tienen la trazabilidad completa de los fondos desviados”. Señaló que está documentado que el dinero cuestionado ingresó al Banco do Brasil, se transfirió a bancos extranjeros, y luego retornó a Paraguay, sin incluir a Atlas.
La lista de imputados incluye a María Clemencia Pérez de Leoz; sus hijas Nora Cecilia Leoz de Cardozo y María Celeste Leoz de Ribeiro; y directivos del Banco Atlas, entre otros.
Sobre fideicomisos por más de US$ 27 millones recibidos desde el extranjero, el abogado Claudio Federico Lovera, de la Conmebol, al parecer ignoró estos recursos, presentando una denuncia contra un solo banco. Los informes revelaron millonarios movimientos en los bancos Amambay y do Brasil entre 2011 y 2015.
Lovera aseguró desconocer esas operaciones debido a la falta de documentos en la carpeta recibida del Ministerio Público, aunque los informes financieros eran parte de la denuncia de 2017 por la Conmebol.
El enfoque del abogado hacia Banco Atlas levanta sospechas, al insistir en supuestas irregularidades en dos fideicomisos por unos US$ 6 millones, mientras que Atlas ha demostrado la rastreabilidad de los fondos y la diligencia debida conforme con resoluciones de la Superintendencia de Bancos.
Nacionales
Video: fuerte enfrentamiento entre estudiantes en Luque resulta en un alumno hospitalizado
08 de noviembre de 2025 – 01:45
Un estudiante de primer año de Educación Media se encuentra en estado grave después de ser agredido por un grupo de alumnos mayores frente a un colegio de Luque. El incidente, grabado por otros estudiantes, se viralizó en las redes sociales. Los padres de las víctimas han denunciado el hecho a la Policía.
Una pelea violenta entre estudiantes frente a un colegio local dejó a un alumno hospitalizado tras sufrir convulsiones producto de los golpes recibidos. El incidente ocurrió el viernes por la tarde después de clases y fue capturado en varios videos que rápidamente se difundieron en redes sociales.
Las imágenes muestran a un grupo de jóvenes golpeándose, con uno de ellos convulsionando en el suelo.
Compañeros auxiliaron al joven y lo llevaron de urgencia a un hospital, donde se encuentra bajo observación médica.
“Uno de los estudiantes perdió el conocimiento y tiene lesiones internas. Está siendo examinado porque no recuerda lo sucedido”, explicó el abogado Pablo Rolón, representante de las familias afectadas.
Rolón también comentó que otro alumno que intentó defender a su compañero fue agredido. “Le lanzaron piedras y le lastimaron el labio, por lo que requirió sutura”, detalló.
Las víctimas, ambas de primer año, fueron atacadas por estudiantes de tercer año, algunos de los cuales serían mayores de edad, según indicó Rolón.
El abogado señaló que el conflicto se inició dentro del colegio durante un partido de fútbol y que las amenazas continuaron hasta que se produjo la pelea en la vía pública.
Denuncia formal
“Los padres ya han presentado una denuncia en la Comisaría local y mañana deberán presentarse ante la fiscal de turno. Exigimos justicia y sanciones para los responsables”, afirmó Rolón.
Por ahora, la dirección del colegio no ha emitido un comunicado oficial, aunque el abogado mencionó que el director afirmó haber intervenido tras el suceso.
Los familiares de los estudiantes heridos permanecen en el hospital acompañando al alumno que sufrió convulsiones, mientras piden un mayor control y presencia de autoridades educativas para evitar futuros incidentes de violencia entre jóvenes.
Los allegados a Tobías Amarilla, un joven sin antecedentes arrestado por un presunto robo agravado, critican la actuación de la Fiscalía de Capiatá y la Comisaría Octava. Argumentan que hay pruebas que indican que el acusado estaba en otra ciudad al momento del crimen.
La familia de Tobías Amarilla, de 22 años, reportó supuestas irregularidades en el caso que enfrenta, relacionado con un supuesto hurto agravado el 22 de octubre en una empresa de Capiatá. A pesar de que la defensa presentó pruebas que, según ellos, demuestran su inocencia, la fiscal Alicia Fernández solicitó prisión preventiva sin aceptar las pruebas de defensa.
Según la denuncia, el incidente que se le imputa a Amarilla ocurrió en la firma Megalpar en Capiatá, mientras él trabajaba en Ñemby.
La abogada defensora, Linda Monges, señaló que “la única prueba en el expediente es el testimonio de la víctima”, mientras existen videos y conversaciones que indican que el acusado estaba en otro lugar.
“Hemos presentado videos, capturas de pantalla y pruebas que muestran que él estaba en su trabajo al mismo tiempo que se cometió el robo. Sin embargo, la fiscal no quiso recibirnos ni permitir la declaración de mi cliente”, comentó Monges. “Tuvimos que hablar con el juez para evitar que lo enviaran a Tacumbú. El magistrado dio diez días para presentar todas las pruebas”, añadió.
Celeste Amarilla, madre del joven, narró que antes de la detención, su familia sufrió acoso por parte de personas que llegaban en vehículos particulares a su casa y al trabajo de su hijo.
“Llegaban autos sin identificar, tomaban fotos de mi hijo y se iban. Fui a la comisaría a preguntar si había una denuncia, y decían que no sabían. Después me enteré de que ya existía una orden de detención”, contó la madre. “Mi hijo es inocente. Tenemos videos que prueban que estaba en Ñemby cuando ocurrió el robo en Capiatá. Solo pedimos que la fiscal vea las pruebas”, agregó.
Actualmente, Tobías Amarilla sigue detenido en la Comisaría Octava de Capiatá, mientras la defensa pide que se consideren las pruebas y se respete el debido proceso.
Los familiares solicitan que la Fiscalía revise el caso de manera objetiva y garantice el derecho a una defensa justa para el joven, al que describen como “trabajador, responsable y sostén de su hogar”.
Durante el XIX Congreso Paraguayo de Pediatría, profesionales de todo Paraguay mostraron su inquietud por el recorte en el presupuesto del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) y pidieron al senador Beto Ovelar que reestablezca los fondos para asegurar la continuidad de las campañas de vacunación.
En el congreso, los médicos pediatras redactaron una carta dirigida al senador Silvio “Beto” Ovelar, quien preside la Comisión Bicameral de Presupuesto, para expresar su preocupación por los recortes al presupuesto para la compra de vacunas. El documento, firmado por pediatras de todo el país y organizado por la Sociedad Paraguaya de Pediatría (SPP), solicita restablecer los fondos del PAI conforme a las leyes nacionales que garantizan su financiamiento.
Los especialistas advierten que el esquema de financiamiento actual va en contra de lo dispuesto por la Ley N.º 4621/12 “Nacional de Vacunas”, que exige que los recursos provengan exclusivamente de la Tesorería General. Además, señalaron que la medida perjudica la Ley N.º 2310/03 “De Protección Infantil contra las Enfermedades Inmunoprevenibles”.
La nota destaca que esta situación no solo afecta las dosis pediátricas, sino también los esquemas de vacunación para adultos, especialmente para grupos de riesgo como embarazadas, personas mayores y trabajadores del sector salud.
Los pediatras destacan que la vacunación es una política de Estado esencial y un bien público prioritario, especialmente ante el resurgimiento de enfermedades como el sarampión. Advierten que la falta de financiamiento adecuado podría poner en peligro la protección sanitaria de la población y el cumplimiento de compromisos internacionales.
Por ello, instan a la Comisión Bicameral de Presupuesto, así como a las cámaras de Diputados y Senadores, a mantener los recursos para inmunizaciones en el Presupuesto General de la Nación 2026, para proteger el derecho a la salud de todos los paraguayos.
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